La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de una jueza federal la imposición de prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros seis imputados por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, dentro de una investigación sobre una presunta red internacional dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos.
La resolución se dictó al concluir una audiencia inicial que se prolongó cerca de 40 horas. Durante ese periodo, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó decenas de datos de prueba para sustentar la imputación formulada contra los acusados.
La medida cautelar fue impuesta a Ernesto Ruffo Appel, Ricardo "N", José "N", Juan "N", Luis "N", Guillermo "N" y Adriana "N". La FGR informó que los hombres deberán permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en el Estado de México.
Sin embargo, Ernesto Ruffo Appel, Ricardo "N" y Guillermo "N" continuarán bajo prisión domiciliaria debido a su estado de salud, mientras que Adriana "N" fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social número 16, CPS Morelos, en Coatlán del Río.
De acuerdo con la investigación de la FGR, la organización presuntamente introducía hidrocarburos al país mediante declaraciones aduaneras falsas o incompletas. El mecanismo consistía en reportar un volumen inferior al realmente transportado o declarar mercancías distintas para reducir el pago de impuestos.
La Fiscalía sostiene que este esquema provocó un daño económico al Estado mexicano y sirvió como fuente de financiamiento para organizaciones criminales, por lo que el caso se investiga bajo el tipo penal de delincuencia organizada.
El proceso adquiere relevancia política porque Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en derrotar al PRI en una elección estatal, al ganar la gubernatura de Baja California en 1989 bajo las siglas del Partido Acción Nacional, un resultado que abrió la etapa de la alternancia política en México.
La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para preparar su estrategia jurídica. La audiencia en la que se definirá si los acusados son vinculados o no a proceso quedó programada para una fecha posterior.
La FGR subrayó que todas las personas imputadas conservan la presunción de inocencia y deberán ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.
