• 16 de Agosto del 2026

Juez ordena pensión alimenticia para un perro tras un divorcio

Después de diez meses de litigio, un juez resolvió que los gastos de Lucas deben ser compartidos por sus antiguos propietarios. La decisión coloca el bienestar animal en una nueva discusión jurídica.

Por primera vez en México, un juez ordenó el pago de una pensión alimenticia para un perro tras el divorcio de sus propietarios. La resolución benefició a Lucas, un husky siberiano de tres años que vive en Villahermosa, Tabasco, al establecer un pago mensual de 700 pesos destinado a cubrir parte de sus gastos veterinarios.

La decisión llegó después de un proceso judicial que se prolongó durante diez meses. De acuerdo con el caso, el antiguo propietario del animal se negó a asumir responsabilidades económicas y tampoco aceptó quedarse con el perro tras la separación de la pareja.

Ante esa situación, la propietaria, identificada como Doña Blanquita, promovió un procedimiento legal para garantizar el bienestar de Lucas. La representación jurídica quedó a cargo de la abogada Bellanila Andrea Hernández, quien asumió el caso de manera gratuita con el propósito de impulsar un precedente en favor de los animales de compañía.

Durante el juicio, la defensa argumentó que Lucas formó parte de la vida familiar durante los 14 años de matrimonio de la pareja y que ambos dueños compartían las tareas de cuidado, alimentación y atención veterinaria. Con esos elementos solicitaron que las obligaciones también se mantuvieran después del divorcio.

La abogada Bellanila Andrea Hernández sostuvo que los perros y gatos son considerados seres sintientes y que cuentan con derechos respaldados por el marco constitucional, por lo que, a su juicio, también requieren mecanismos que garanticen su bienestar, incluida una pensión alimenticia cuando las circunstancias lo ameriten.

Aunque los 700 pesos mensuales representan solo una parte de los gastos veterinarios de Lucas, el fallo abrió el debate sobre la protección jurídica de los animales de compañía y podría influir en futuros litigios relacionados con la responsabilidad compartida de las mascotas tras la disolución de un matrimonio.