CIUDAD DE MÉXICO.— El gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, en el marco de una estrategia que amplía el enfoque de las autoridades estadounidenses hacia funcionarios electos presuntamente vinculados con el crimen organizado.
De acuerdo con la información disponible, ambos mandatarios estatales, integrantes de Morena y aliados políticos de la presidenta Claudia Sheinbaum, perdieron sus visas estadounidenses en medio de investigaciones de carácter criminal. Pese a ello, continúan ingresando a territorio estadounidense mediante un esquema especial de libertad condicional conocido como Significant Public Benefit parole.
El caso representa un cambio relevante en la política de Washington. Durante años, las autoridades estadounidenses concentraron sus esfuerzos en líderes de cárteles. Sin embargo, tras la captura, muerte o entrega de varios operadores criminales de alto perfil, el foco se ha desplazado hacia funcionarios y agentes de seguridad presuntamente relacionados con actividades ilícitas.
Según la información difundida, Alfonso Durazo, de 71 años, es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado. El mandatario sonorense habría perdido su visa el año pasado. Sonora es considerada una de las principales rutas de tránsito para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. También se señala que realiza viajes frecuentes para recibir atención médica especializada bajo el programa de parole.
Por su parte, la investigación contra Américo Villarreal Anaya, de 68 años, estaría relacionada con el tráfico ilegal de combustible, conocido en México como huachicol. De acuerdo con los reportes, también cuenta con autorización de ingreso mediante el mismo mecanismo especial. Villarreal rechazó las acusaciones y afirmó que siempre ha actuado conforme a la ley.
Las investigaciones se producen en un contexto de creciente presión sobre Morena. En abril, el Departamento de Justicia anunció cargos contra integrantes relevantes del partido, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado junto con otros funcionarios de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado estas acciones, al considerar que podrían constituir una forma de intervención política y una afectación a la soberanía mexicana. En contraste, funcionarios estadounidenses sostienen que combatir las redes de protección política del narcotráfico resulta indispensable para enfrentar el tráfico de drogas.
El intercambio de posturas ocurre en un momento sensible para la relación bilateral, cuando ambos países se preparan para revisar su acuerdo comercial junto con Canadá y mientras continúan las diferencias sobre seguridad, cooperación y combate al crimen organizado.
