Desde diciembre de 2019, Rosario Piedra tiene conocimiento pleno del caso ya que la exjefa de Gobierno —presa en el penal de Santa Martha— presentó una queja por los excesos cometidos por el Ministerio Público Federal (MPF) “para obtener resoluciones judiciales encaminadas a privarme de mi libertad simulando apegarse a la ley”.
Rosario Piedra mantiene un silencio, de casi dos años, en este tema que exhibe su inclinación por el fortalecer la sospecha de la conjura de una vendetta política. Su extrema afinidad a la cuatroté, la llevan a tomar el camino tomado desde la Fiscalía General de la República (FGR) y no tomar el caso para no evitar una confrontación con el fiscal Alejandro Gertz Manero. En ambos casos, la autonomía es reventada.
De acuerdo con la queja promovida, por Rosario Robles, señala: “en la integración de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 y en su actuación dentro del proceso 314/2019, el Ministerio Público federal ha estado lejos de cumplir con los principios de legalidad, honradez y respeto a mis derechos humanos. Al contrario, el MPF ha recurrido a mentiras, falsificaciones, difamaciones, con el propósito de obtener resoluciones judiciales encaminadas a privarme de mi libertad, simulando apegarse a la ley”.
Por ser un tema mediático y de implicaciones político-sociales que atañe a actores políticos del pasado sexenio y del actual exige la postura de la ombudsman Rosario Piedra ya que en la misma queja Rosario Robles le explica que “mi derecho al respeto a la honra y al reconocimiento de mi dignidad ha sido lastimado al construir intencionalmente una imagen de estafadora y propensa a la fuga”.
Con estos antecedentes, Rosario Piedra no puede negar desconocimiento del tema. No ha hecho un exhorto ni un pronunciamiento. Se suma al linchamiento, por omisión, generalizado por la 4-T y a la obediencia a ciegas exigida por la cuatroté.
Rosario Robles no es acusada de daño al erario público y enfrenta un proceso por omisión. Ahora, más complejo porque desde la FGR salen a flote la consigna clara de mantener un caso que se maneja con tintes de venganza política. La autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) se ve trastocada ya que el fiscal general Alejandro Gertz Manero es quien conoce mejor, de lo que se conoce, a Rosario Robles pues hace 20 años él era secretario de Seguridad Pública del entonces DF y ella era la Jefa de Gobierno. El destino los confronta y las rencillas se cobran y el peso de la cuatroté sobre ella es total.
En la petición firmada por Rosario Robles le solicita a Rosario Ibarra “admitir a trámite la queja; iniciar la investigación correspondiente, requiriendo la información pertinente a las autoridades selladas como violadoras de los derechos humanos y, en su oportunidad, emitir la recomendación a a las autoridades señalas, con el objeto de resarcir el daño ocasionado”.
