Lo que está ocurriendo con la información genética introduce una nueva dimensión en los conflictos por el control de la vida. La ciencia ha adquirido la capacidad de separar digitalmente una parte de la información contenida en los organismos y utilizarla en investigaciones y desarrollos biotecnológicos que no requieren mantener un vínculo permanente con el material biológico original. Esta posibilidad, extraordinaria desde el punto de vista científico, también plantea preguntas que no pueden resolverse únicamente mediante criterios de acceso abierto o de propiedad intelectual.
Brasil ofrece un ejemplo particularmente interesante. En octubre de 2024, representantes de pueblos indígenas, comunidades tradicionales y organizaciones campesinas participaron en la elaboración de propuestas para regular la distribución de beneficios derivados de la utilización de información digital de secuencias genéticas, conocida como DSI. Sus planteamientos fueron recogidos en un artículo publicado en Nature Communications, en el que participaron representantes de organizaciones como la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), la Rede dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil (RedePCTs) y Via Campesina.
Lo significativo de esta iniciativa es que las organizaciones no se limitaron a reclamar una compensación por la utilización de los recursos biológicos. Fueron más lejos: plantearon la necesidad de conocer de dónde procede la información genética, quién la utiliza, bajo qué condiciones circula y cómo pueden participar los pueblos y comunidades en las decisiones relacionadas con ella. También defendieron una distribución más justa de los beneficios económicos y no económicos que produce su utilización.
La preocupación tiene fundamento. Una muestra obtenida en la Amazonía puede convertirse en una secuencia digital incorporada a una base de datos internacional. Desde allí puede ser consultada, estudiada y utilizada en diferentes procesos de investigación, mientras la comunidad vinculada a ese recurso biológico desconoce, en ocasiones, el recorrido posterior de la información. No toda investigación implica una apropiación indebida, ni todo recurso genético está asociado a un conocimiento indígena identificable. Sin embargo, la posibilidad de que la información circule sin conservar adecuadamente su procedencia plantea un problema de justicia que merece atención.
No se trata de impedir que la ciencia avance. Tampoco de convertir los conocimientos tradicionales en territorios cerrados a la investigación. Se trata de reconocer que la apertura de las bases de datos no puede borrar las relaciones históricas, culturales y territoriales que existen entre los pueblos y la biodiversidad que han contribuido a conservar. Compartir conocimiento no debería significar que quienes lo hicieron posible pierdan toda capacidad de intervenir en su destino.
La discusión llegó a la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Cali en noviembre de 2024. Allí se aprobó un mecanismo multilateral de distribución de beneficios y se creó el Fondo de Cali, que contempla destinar al menos la mitad de sus recursos a las necesidades identificadas por los pueblos indígenas y las comunidades locales. Es un reconocimiento importante, aunque no resuelve por sí mismo la cuestión de quién participa realmente en las decisiones sobre la información genética. Una comunidad puede recibir beneficios económicos y continuar sin tener suficiente capacidad para intervenir en las condiciones de utilización de los datos vinculados a su patrimonio biológico y cultural.
Aquí es donde el caso brasileño adquiere una dimensión que supera la discusión sobre biodiversidad. Estamos ante una transformación de las relaciones entre territorio, conocimiento y poder. Por siglos, la apropiación de la naturaleza estuvo asociada a la ocupación de tierras y a la extracción de sus recursos. Ahora, una parte de esa apropiación puede realizarse mediante la información obtenida de los organismos vivos, que se almacena y circula por infraestructuras científicas y tecnológicas situadas fuera de los territorios de origen.
Desde mi reflexión sobre la Era Wetware, considero que esta transformación obliga a pensar la soberanía desde otro lugar. La defensa de la vida no puede limitarse a proteger los organismos, las semillas o los ecosistemas si dejamos fuera de esa protección la información que procede de ellos y las decisiones sobre su utilización. La soberanía biológica debe contemplar también la capacidad de los pueblos y de las personas para intervenir en ese proceso, sin que la innovación tecnológica se convierta en una autorización para disponer de la vida sin atender a sus derechos.
La experiencia brasileña merece ser observada precisamente por eso. Los pueblos indígenas no están solicitando permanecer al margen de la ciencia contemporánea; están reclamando participar en la definición de sus reglas. No quieren que su relación con la biodiversidad sea reconocida solamente cuando se habla de conservación, mientras otros deciden qué hacer con los conocimientos y recursos que ellos han contribuido a preservar.
La pregunta que dejan planteada es mucho más profunda que la distribución de un porcentaje de los beneficios: ¿quién tiene derecho a decidir sobre la información que produce la vida y sobre las posibilidades que la tecnología abre a partir de ella?
En la Era Wetware, esta pregunta ya no puede quedar fuera de la discusión sobre los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y el futuro de la soberanía.
Porque proteger la vida también significa reconocer el derecho de quienes la han cuidado a participar en las decisiones sobre aquello que se obtiene de ella.
