Sin mencionar su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, como la “innombrable”, el mismo que usa para referirse al expresidente Carlos Salinas de Gortari.
“El bloque conservador quiere regresar por sus fueros, por eso están en todo, estos fueron los de los amparos en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los amparos en el Tren Maya y estos son los que están a favor o defendiendo a la innombrable”.
Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador anunció que denunciará ante el Consejo de la Judicatura Federal a Martín Adolfo Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, después que le ordenó que se abstenga de hacer comentarios contra la senadora panista.
Acusó al juez de actuar de manera “sectaria, ilegal injusta y politiquera”, además de que también le mandara una carta.
“Ya estamos viendo cómo me quieren silenciar, un juez que habla con malicia efectiva. Le voy a contestar al juez por escrito, porque la malicia efectiva es de su parte. Le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta, además politiquera”, reiteró.
Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, arremetió contra el juez Federal de Distrito, mientras que López Obrador dijo que enviaría su denuncia al Consejo de la Judicatura.
“Aprovechándose de un amparo, se toman decisiones que violentan la libertad de expresión, no solo del Presidente de México, sino el derecho a la información de las y los mexicanos, y la democracia.
“Ayer el juez octavo de distrito otorgó una suspensión provisional que ordena al Presidente abstenerse de realizar manifestaciones y entrecomillas, ponemos ‘con malicia efectiva’, en las señales y redes sociales oficiales”, dijo la funcionaria.
El fallo de Martín Adolfo Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, ordena a las autoridades que eviten la transmisión de cualquier “discurso de odio” contra Gálvez Ruiz, así como eliminar de todas las plataformas del gobierno todos los contenidos que aludan a la aspirante.
El juzgador aclaró que en este caso, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México está defendiendo su derecho al honor, la dignidad y la vida privada ante una entidad del Gobierno que está difundiendo información que debería estar resguardada.
