De acuerdo con información oficial, la entrega de los presuntos líderes criminales se llevó a cabo bajo el compromiso del gobierno estadounidense de que ninguno de los extraditados será sometido a la pena de muerte, en apego a los tratados internacionales y a la legislación mexicana.
Al respecto Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, informó que la acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. "A solicitud del Departamento de Justicia, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte. Dichas personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas".
El Gobierno federal destacó que esta acción forma parte de la estrategia conjunta para combatir a las organizaciones criminales transnacionales, debilitar sus estructuras financieras y operativas, y fortalecer el Estado de derecho.
Asimismo, reiteró que México mantiene su postura de respeto a los derechos humanos, por lo que cualquier extradición o traslado internacional se realiza bajo garantías legales que excluyen sanciones como la pena capital o tratos inhumanos.
Con esta entrega, México y Estados Unidos refuerzan su colaboración en la lucha contra el narcotráfico; "ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país", destacó el secretario.
