El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum para eliminar las pensiones ‘doradas’ en la administración pública. La propuesta, que modifica el artículo 127 de la Constitución, reunió 458 votos a favor, alcanzando la mayoría calificada requerida.
El proyecto ya había sido avalado previamente por el Senado. Ahora, el siguiente paso es su revisión en al menos 17 congresos locales para, posteriormente, enviarse a la Presidencia de México para su firma y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La reforma establece un cambio directo: fija un tope máximo de 70 mil pesos mensuales para pensiones de trabajadores del Gobierno. Con ello, elimina esquemas que permitían pagos de hasta un millón de pesos mensuales a funcionarios de alto nivel en organismos descentralizados y empresas productivas del Estado.
De acuerdo con el Gobierno de México, esta medida generará un ahorro estimado de 5 mil millones de pesos en el presupuesto público. El ajuste apunta a corregir lo que autoridades describen como “pensiones exorbitantes”.
Entre las instituciones señaladas por otorgar estos beneficios destacan Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro (en liquidación), Nacional Financiera y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
Durante una conferencia del 18 de febrero, Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción, expuso el caso de Luz y Fuerza del Centro: 9 mil 457 extrabajadores reciben pensiones que van de 100 mil a más de un millón de pesos mensuales.
Aunque la reforma obtuvo respaldo total, partidos como PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron riesgos constitucionales. Señalaron que podría aplicarse de forma retroactiva y abrir la puerta a futuras modificaciones bajo el mismo criterio. También criticaron que no incluya al Ejército ni a exministros de la Suprema Corte.
Pese a ello, todas las fuerzas políticas votaron a favor, marcando un consenso legislativo poco frecuente.
