La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo inmediato de cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos y diversos funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico en una Corte de Nueva York. La medida fue notificada al sistema financiero nacional mediante el Acuerdo 156/2026, emitido el 6 de mayo de 2026 a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El congelamiento contempla la suspensión de operaciones financieras y el aseguramiento temporal de activos dentro del sistema bancario mexicano. La disposición fue integrada en el sistema SITI PLD/FT de la CNBV, plataforma utilizada para informar a instituciones financieras sobre personas sujetas a bloqueo.
De acuerdo con la información difundida, las entidades bancarias cuentan con un plazo de diez días hábiles para ejecutar el cierre operativo de cuentas y restringir cualquier movimiento relacionado con los involucrados.
Entre los señalados aparecen Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz, Eneyda Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, hijos del mandatario sinaloense, además del senador Enrique Inzunza Cázares, exsecretario General de Gobierno.
Las acusaciones presentadas en territorio estadounidense apuntan a una presunta red de protección política, financiera y policial vinculada con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. Según las investigaciones citadas, esa estructura habría permitido operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos mediante presuntos acuerdos de protección institucional.
El expediente también involucra a exmandos de seguridad y funcionarios estatales y municipales. Entre ellos figuran Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la Policía de Investigación; además de José Antonio Dionisio Hipólito, identificado como comandante de la Policía Estatal.
En el ámbito de procuración de justicia aparecen mencionados Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal General, y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán. Las investigaciones estadounidenses sostienen que algunos de los implicados habrían recibido pagos mensuales para filtrar información operativa, proteger rutas criminales o facilitar movimientos del grupo delictivo.
La presión judicial aumentó luego de que fiscales federales en Nueva York solicitaran órdenes de detención con fines de extradición contra varios de los acusados. Hasta ahora, el Gobierno de México no ha confirmado públicamente órdenes de captura, aunque sí permitió la aplicación de medidas financieras mediante la UIF y la CNBV.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que cualquier procedimiento de extradición deberá apegarse a mecanismos legales y tratados bilaterales vigentes entre México y Estados Unidos, mientras continúan abiertas las investigaciones en ambos países.
