La ONU-DH llamó a las autoridades a implementar las medidas de protección y atención necesarias para las personas afectadas y sus familias, así como para las personas defensoras de derechos humanos de la comunidad indígena de Coyomeapan.
Además, invitó al Estado mexicano a respetar y garantizar el derecho al territorio y a la libre determinación de la Comunidad Nahua de Coyomeapan.
“Preocupa a la ONU-DH el uso excesivo de la fuerza por integrantes de la policía estatal. Este tipo de acciones no corresponde a una policía civil que actúa bajo estándares internacionales que establecen el uso estrictamente excepcional de la fuerza letal.
“Todo hecho en el que un agente estatal haya ocasionado la muerte a una persona debe investigarse de oficio de manera completa, exhaustiva e independiente, en un plazo razonable, siendo responsabilidad del Estado aportar toda la información necesaria que permita acreditar fehacientemente que se cumplió con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego”, expresó Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH en México.
El organismo internacional saludó las acciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla y alentó a continuar los esfuerzos para llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial en la que se esclarezcan los hechos y se sancione a los autores materiales e intelectuales de los mismos.
Asimismo, llamó a fortalecer la investigación sobre los hechos ocurridos el 9 de mayo de 2022, en la comunidad de Cobatzalco, municipio de Zoquitlán, Puebla, en los que participaron efectivos de la policía estatal de Puebla y fallecieron tres personas de la comunidad indígena Nahua de Coyomeapan, incluido un líder de la comunidad y un menor de edad, y otras seis más resultaron gravemente heridas.
En seguimiento al caso, envió una misión al estado de Puebla el 26 y 27 de mayo de 2022 y sostuvo reuniones con las víctimas sobrevivientes de los hechos y sus familiares.
“Asimismo, la Oficina también se reunió con diversas autoridades y se entrevistó con Basiliza Montaño Gutiérrez, defensora indígena de derechos humanos de Coyomeapan, privada de la libertad en el CERESO de Tehuacán, junto con otros tres activistas indígenas comunitarios”, indicó en un comunicado.
A partir de la información recibida, determinó que una hipótesis fundamental de investigación es la relación entre las ejecuciones extrajudiciales y la criminalización de las personas de Coyomeapan con la disputa por el control de los recursos naturales de la zona y el conflicto post electoral que se vive en la Comunidad Nahua de Coyomeapan desde el verano de 2021.
