Este domingo 1 de junio, después de votar, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, compartió sus planes para enfrentar las concesiones otorgadas bajo condiciones injustas o “leoninas” en el estado. Y es que, desde hace tiempo, algunas obras millonarias tuvieron sobrecostos que lastimaron las finanzas públicas, con decisiones judiciales cuestionables.
Armenta recordó un caso emblemático: la empresa Melgarejo obtuvo un fallo que obliga al gobierno a pagar 2 mil millones de pesos por un proyecto que, al final, nunca se realizó. “Mientras haya un Poder Judicial corrupto que favorezca intereses internacionales, no habrá negociación posible”, afirmó con firmeza.
Sin embargo, esta realidad comienza a cambiar. Con la incorporación de nuevos magistrados y jueces, se abre “una etapa fresca que permitirá hacer justicia sin miedo ni presiones”, añadió. El gobernador dejó claro que su intención no es perjudicar a nadie, sino dar “certeza jurídica y frenar el saqueo que se ha prolongado”.
Por otro lado, el ejecutivo estatal reveló que su administración avanza en un acuerdo con la empresa responsable del Museo Internacional Barroco (MIB) y el Centro Integral de Servicios (CIS) para disminuir la deuda heredada. “Siempre es preferible un mal acuerdo a un buen pleito”, comentó, resaltando el esfuerzo por resolver las cosas mediante diálogo.
Así, Puebla avanza en la construcción de un sistema judicial más transparente y en la recuperación de la confianza ciudadana. Como lo resumió Armenta, “la justicia debe estar del lado de la gente, no de intereses ocultos”.
