El Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Gobernación, solicitó formalmente a la Fiscalía General del Estado adherirse al mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos, luego de reunirse con familiares del activista Renato Romero.
El secretario Samuel Aguilar Pala explicó que aunque este protocolo es de competencia federal, permite colaboración con entidades como Puebla para reforzar la seguridad de quienes defienden derechos humanos.
La propuesta implica que la Fiscalía pueda acatar este mecanismo con el objetivo de emitir recomendaciones de protección, garantizar la integridad física de las personas en riesgo, y fortalecer la coordinación entre autoridades, víctimas y organizaciones civiles.
La solicitud surge tras un diálogo cercano con familiares de Renato Romero. Aguilar Pala recalcó que el objetivo es actuar en el marco de sus atribuciones para resolver conflictos sociales y políticos, protegiendo los derechos fundamentales.
“El Estado tiene el deber de actuar de forma preventiva y articulada”, puntualizó el funcionario.
