Desde el pleno del Congreso del Estado, el legislador vio oportuno impulsar esta ley para proteger a las víctimas de personas que ofrecen préstamos bajo engaño, con intereses ilegales o mediante plataformas digitales, y que además cobran a través de amenazas, intimidación o difamación.
Por ello, presentó una iniciativa de decreto, por virtud de la cual se reforma el artículo 406 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de fraude de usura excesiva, conocido como “montadeudas”.
El también coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso Local, explicó que estas personas realizan préstamos “aparentemente fáciles y rápidos”, ofrecidos sobre todo a través de aplicaciones móviles o plataformas digitales.
Si bien, dijo, al inicio parecen una solución, la realidad es que esconden abusos: entregan menos dinero del prometido, imponen intereses excesivos y, cuando la persona no puede pagar, utilizan amenazas, hostigamiento, difamación y hasta el uso indebido de datos personales de las víctimas y sus familias.
Figueroa Cortés refirió que esto es un esquema delictivo que no solo afecta el bolsillo, sino también la integridad psicológica, la privacidad y la dignidad de las personas, ya que se han documentado miles de denuncias en Puebla por este problema.
Sostuvo que este es un delito moderno, una criminalidad financiera digital que destruye el patrimonio, la dignidad y, en muchos casos, la vida misma de las personas.
Por ello, la iniciativa propone sancionar con:
7 a 10 años de prisión
500 a 1000 días de multa
a quienes:
Retengan anticipadamente una cantidad bajo el concepto de comisión, gasto o cargo no autorizado, disminuyendo la cantidad realmente otorgada.
Exijan el pago de intereses, comisiones o cargos desproporcionados o superiores a los permitidos por la Ley.
Utilicen la intimidación, amenazas, hostigamiento, difamación o divulgación de datos personales de la víctima o sus contactos, de manera presencial o a través de medios tecnológicos.
Con esta reforma, Figueroa Cortés mencionó que se está dotando al Estado de Puebla de un marco legal eficaz para combatir y sancionar estas prácticas abusivas, protegiendo no solo el patrimonio, sino también la privacidad, tranquilidad y dignidad de las personas.
“Frente a esta realidad que afecta a miles de familias debemos dar una respuesta urgente y coordinada frente a un delito que explota la necesidad y vulnerabilidad de nuestra gente. Nuestra obligación es clara: proteger a las y los ciudadanos, dar seguridad a las familias y cerrar el paso a quienes lucran con la necesidad de la gente”, concluyó.
