• 07 de Diciembre del 2025

Puebla litiga obras del pasado por más de 2 millones de pesos: Armenta

El gobernador revaló que hay al menos cuatro contratos ya con vencimiento de pago

 

Ciudad de México. —El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reveló que su administración enfrenta al menos 30 litigios por contratos de obras fantasmas o irregulares heredados de gobiernos estatales anteriores, algunos de ellos con más de 15 años de antigüedad, y que implican un posible pago superior a los 2 mil millones de pesos.

 

Durante una conferencia de prensa ofrecida este miércoles en la Ciudad de México, el mandatario poblano calificó la situación como una “bola de nieve” de deudas y juicios derivados de contratos vencidos, en los cuales —dijo— existió complicidad de exfuncionarios públicos y empresarios.

“Hay al menos cuatro contratos con vencimiento y son más de 2 mil millones de pesos con los que han condenado al estado a pagar, por irresponsabilidad, por complicidad de funcionarios públicos que primero avalaron obras inexistentes en los finiquitos”, declaró Armenta Mier.

El gobernador explicó que algunos de estos litigios ya cuentan con resoluciones judiciales que obligan al gobierno de Puebla a realizar pagos inmediatos, por lo que su administración busca alcanzar acuerdos legales para resolver los conflictos y evitar mayores afectaciones financieras al estado.

Sin precisar el tipo de obras involucradas, Armenta señaló que los casos se originaron a partir de contratos de obra pública vencidos o ampliaciones injustificadas, muchos de los cuales fueron avalados en administraciones pasadas a pesar de que las obras nunca se realizaron o se entregaron de forma irregular.

“Estas irregularidades vienen desde hace 6, 10 y hasta 15 años. Lo que hicieron fue ir ‘pateando el bote jurídicamente’ hasta que la ley ya no lo permitió. Hoy nos toca enfrentar esas consecuencias”, añadió el mandatario.

Armenta Mier subrayó que su gobierno actuará con transparencia y responsabilidad ante los requerimientos judiciales, al tiempo que buscará mecanismos legales para sancionar a quienes resulten responsables de la colusión y el desvío de recursos públicos.