El 5 de junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por unanimidad la demanda del gobierno mexicano que buscaba responsabilizar a fabricantes de armas estadounidenses por el tráfico ilícito de armamento que alimenta la violencia de los cárteles en México.
La demanda estaba dirigida contra fabricantes de armas como Smith & Wesson, Glock y Colt. México argumentaba que estas empresas, al permitir la distribución de sus productos sin controles adecuados, facilitaban el tráfico ilegal de armas hacia su territorio.
La Corte Suprema basó su fallo en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) de 2005, que protege a los fabricantes de armas de ser responsabilizados por el uso indebido de sus productos. La jueza Elena Kagan indicó que México no proporcionó evidencia suficiente de que las empresas demandadas participaron activamente en ventas ilegales de armas a traficantes mexicanos
La decisión fue emitida el 5 de junio de 2025, cerrando un capítulo en los esfuerzos legales de México por responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses por la violencia relacionada con el narcotráfico en su país.
