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Un infiltrado en la Secretaría de Infraestructura, amigo, socio y cómplice del magistrado Rubén José Huerta Yedra -aquel famoso por favorecer a empresas que realizan una criminal polución-, quien trabajó ahí como abogado entre diciembre de 2019 y abril de 2021, presuntamente realizó acciones dolosas, sin probidad y fue reiterada y escandalosamente omiso, para favorecer a particulares en litigios, que le costaron al gobierno de Puebla casi 22 millones de pesos.

También se aprobaron reformas a la Ley de la Defensoría Pública, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla