Israel Mendoza Pérez
@imendozape
Entre la serie de temas ignorados por Alejandro Encinas, mientras ocupó la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, fue el de la desaparición forzada de los exmilitantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
El caso de desaparición ocurrida, de los luchadores sociales, a manos de policías estatales de Oaxaca y militares, en 2007 ya alcanzó a tres presidentes sin resultados. Y la posibilidad de tener un avance con el gobierno de la cuatroté quedó en impasse. La renuncia de Encinas se queda en el anecdotario de incumplimientos de la cuatroté y como muestra del funcionario encargado de la simulación y la insensibilidad en el área de derechos humanos de la Segob.
A 11 meses de que concluya el sexenio, lo peor fue la falta de voluntad política por parte del exsubsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas. Las desapariciones forzadas, así como la represión e impunidad no entraron en la transformación del país. En 2019 hubo una reunión entre los familiares de los exguerrilleros detenidos con Encinas Rodríguez, sin embargo, no se volvió a dar otra reunión. El tema llevó su cauce a través de la Corte y lo logrado, en la actualidad, es mérito de los avances producto de un mandato judicial. Sin embargo, por parte de Encinas, no hubo interés ni sensibilidad.
El 8 de febrero de 2019, Félix Santana, director General de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de la Segob, tuvo conocimiento del caso —existe un documento— que fue entregado al funcionario en el que se pidió que en una siguiente reunión se encuentre Alejandro Encinas para darle seguimiento al caso. Semanas después sí hubo encuentro con Alejandro Encinas, pero desde entonces no dio la cara a los familiares de los desaparecidos.
En el caso de los eperristas detenidos hay ocho detenidos actualmente en diversos penales federales por su participación en su desaparición forzada, y dos prófugos, entre ellos el exprocurador del estado de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez y el entonces director de la policía ministerial Pedro Hernández Hernández y a pesar de tener indicios de la participación de elementos del ejército en el hecho, estos siguen sin ser investigados.
En lo que se califica como la extensión de la “guerra sucia” en los tiempos del expresidente Felipe Calderón y el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, el actual general secretario, Luis Crescencio Sandoval tiene que abrir los cuarteles y lo que disponga la Comisión Especial de Búsqueda para localizar a los luchadores sociales.
Con la actual sentencia y las mesas de diálogo entre autoridades y familiares de los activistas desaparecidos, la orden de que sean abiertos los cuarteles militares con el objetivo de encontrar a los dos militantes del EPR desaparecidos desde 2007 abre una ventana de justicia y sienta un precedente histórico para los casos de desapariciones forzadas en la actualidad. Sin embargo, el logro es por el camino de la justicia, ya que Encinas abandonó la lucha para conseguir otro puesto de gobierno en 2024.
