Juicio ficticio

Pero no sólo eso. Es exacerbar al máximo el odio electoral contra los dos partidos más añosos del sistema político, el PRI y PAN. Al mismo tiempo azuzar a la ciudadanía pero sin el respaldo de las instituciones encargadas de velar por la democracia y la aplicación de las leyes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en la mesa un tema polémico: enjuiciar el pasado personificado en los expresidentes, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, su postura desde que llegó al poder es suave: “si se va a juzgar a expresidentes, que sea mediante una consulta, que sea la gente, la mayoría la que decida. Yo voy a votaren contra, tengo mis razones, pero en la democracia el pueblo manda”.
El primer manotazo contra los expresidentes fue en 2018 al retirarles la pensión mensual de 205 mil 122 pesos. Incluso, durante la campaña de 2018, Ricardo Anaya se animó a amenazar con encarcelar al entonces presidente. Promesa de campaña y búsqueda de reflectores. Pero fue la denuncia de hechos de Emilio Lozoya la que terminó de encender los ánimos para exigir que se siente a los exmandatarios en el banquillo.
Sin embargo, la propuesta polarizó de inmediato el ambiente político y corre el riesgo de convertirse en una consulta informal si se deja en manos de alguna organización o de la propia ciudadanía. Incluso, quien sea el organizador, de manera obligada, necesita una estructura de alcance nacional.
De acuerdo con el Artículo 35 constitucional: “el INE promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos”.
Además, al entrar en el terreno de las leyes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede determinar que la consulta es inconstitucional y con ello se da por terminada la discusión. En tanto, la ciudadanía queda descobijada.
A final de cuentas no es vinculatoria para abrir un proceso judicial. En todo caso, el fiscal Alejandro Gertz Manero debe ser el encargado de abrir una investigación si tiene los elementos suficientes. Y no se sabe cuál es el delito de cada expresidente si es que existe. En otros casos por los años que han pasado pueden ser delitos que ya prescribieron.
La consulta de juicio político forma parte de las eternas promesas de Morena con las que ha hecho política a lo largo de cinco años. Es recoger el sentimiento de los ciudadanos. Pero en este caso se revira la propuesta y cae en aquello que por mucho tiempo se le conoció como... “política ficción”.