Ciudad de México. — Este jueves fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de extorsión impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de una estrategia integral para combatir este delito en el país.
La iniciativa con Proyecto de Decreto enviada en julio pasado y aprobada en el Legislativo, reforma el inciso a) fracción XXI del artículo 73 de la Constitución. El objetivo es otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General contra la Extorsión, que permita perseguir este delito de oficio, proteger a las víctimas y establecer al Estado mexicano como parte afectada.
“Cuando hay una denuncia de extorsión, el objetivo es que se persiga de oficio. Eso significa que la víctima no es solamente quien recibió la extorsión, sino que el Estado mexicano se asume como víctima y atiende el delito, ese es el objetivo", explicó la mandataria.
La propuesta forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada desde el pasado 6 de julio, la cual incluye la habilitación del número 089 para recibir denuncias anónimas. A partir de estas llamadas, se activa un proceso de investigación encabezado por la Unidad Especializada contra la Extorsión, gracias a las herramientas provistas por la nueva Ley Nacional del Sistema de Investigación e Inteligencia.
En su momento, la presidenta Sheinbaum recalcó la importancia del acompañamiento institucional para las víctimas de este delito, que —dijo— afecta a miles de personas en todo el país.
“Lo importante es que una persona que sufre o que es víctima de una extorsión sepa que estamos ahí para apoyar, y que están todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia”, señaló.
La mandataria también detalló que, con la aprobación de la nueva Ley General, todas las entidades federativas estarán obligadas a legislar en concordancia con la norma general para combatir la extorsión de manera coordinada y efectiva.
Con esta reforma constitucional y el marco normativo propuesto, el gobierno federal busca establecer una política de Estado clara y contundente frente a uno de los delitos que más afectan la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.
