Elección de personas Juzgadoras, el miedo a hacer campaña y un INE que no permite movilidad.

Se cumplen 4 días del inicio de las campañas en la elección Judicial y la falta alcance y conocimiento de quienes son candidatas y candidatos es cada día más evidente, y lo que puede estar atribuido a 3 factores clave.

• La excesiva Fiscalización y restricciones impuestas por el INE para esta campaña, la novedosa forma de promocionarse y la falta de recursos para hacer campaña.

• La inexperiencia y desconocimiento de candidatas y candidatos de cómo hacer campaña, el "Miedo" a hacer campaña, por temor a la UTF y el MEFIC (entidad fiscalizadora del INE y la plataforma de Fiscalización), y la desproporcionalidad en captación de recursos contra un proceso normal.

• La falta de interés de los ciudadanos en la elección y el desconocimiento de lo que va a suceder el 1 de junio.

En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta la gran disparidad de esta elección contra una elección federal ordinaria.

Me centraré en Puebla, que hoy tiene dos distritos judiciales electorales federales, conformados el Distrito 1 (Norte) por los distritos 1 Huauchinango, 2 Zacatlán, 3 Teziutlán, 4 Libres, 6 Puebla, 7 Tecamachalco, 8 Serdán y 9 Puebla federales y el Distrito 2 (Sur) por los distritos 5 San Martín, 10 Cholula, 11 y 12 Puebla, 13 Atlixco, 14 Izúcar, 15 Tehuacán y 16 Ajalpan.

Que el tope de Gastos para un Juez es de $220,000 y Magistratura de $413,000, que comparado con los 35 millones de una Senaduría o los 2 millones 200 de una Diputación federal es abismal la diferencia.

La que se ahonda cuando el INE restringe cómo allegarse de recursos.

A una candidatura por puesto de elección popular de inicio se le otorga financiamiento público ya sea partidista o independiente, además, se le permiten donadores líquidos o en especie, acceso a radio y televisión gratuita y además la concurrencia de varias candidaturas a eventos de promoción, sin olvidar el pautado promocional en redes sociales.

Por otro lado, a las personas juzgadoras, no se les permite más que poner su propio patrimonio como financiamiento de la campaña, algún crédito bancario (eso sí, liquidado al 15 de julio) y sus propias tarjetas de crédito, no pueden ser apoyados incluso por su propia familia en la actividad básica de entrega de volantes, organización de reuniones o convencimiento de la ciudadanía sin considerarlo como aportación indebida a la campaña o cuantificable como donación de tiempo (una clara violación a derechos humanos de libertad de expresión y libre asociación). En pocas palabras, es una campaña de una sola persona contra el UTF, que solo busca razones para sancionar y no cómo abonar a la democracia.

Todo esto nos lleva a la segunda problemática: "El miedo a hacer campaña" por las reglas tan restrictivas para ello que el INE impuso y la falta de experiencia de las y los candidatos para sortear estas adversidades.

Y que nos deja en un organismo electoral que lo único que hace para que conozcamos a quienes serán nuestros juzgadores es ponernos un Link en su página con su currícula, sin buscar formas de promocionar la elección o peor, cómo podemos votar este 1 de junio.

El análisis ahí está, los perfiles de quienes buscan ser personas juzgadoras en esta elección serán cuestión de una entrega más.