Por muchas campañas en redes sociales, mensajes oficiales y defensas necias por parte de los militantes de Morena y compañeros del movimiento, la realidad es que el servicio que ofrecen los hospitales públicos del gobierno de la República es deficiente, está colapsado y es insuficiente para los millones de mexicanos que están inscritos en alguna de las modalidades de este sistema.
En México, la mayoría de los hospitales públicos atienden a la población sin seguridad social. Se estima que el IMSS-Bienestar, que opera en 23 estados, atiende a 53.2 millones de personas que no tienen seguridad social, mientras que el sector público en general atiende a 44% de la población que tuvo necesidades de salud en los últimos tres meses, de acuerdo con cifras oficiales.
El IMSS-Bienestar ha ampliado significativamente la atención a personas sin acceso a la seguridad social, pasando en los últimos años de 12.3 millones a más de 53 millones.
Es decir, casi uno de cada dos mexicanos recibe atención médica en algún hospital del IMSS-Bienestar.
La cifra es algo más que aterradora.
En el 2023, el Sistema de Información de la Secretaría de Salud federal reportó un millón 66 mil trabajadores en total adscritos a esta dependencia entre médicos generales, especialistas, odontólogos, enfermeras, pasantes, auxiliares y personal técnico.
Además de la falta de personal e infraestructura hospitalaria, la principal demanda de los usuarios del sistema público en México es el desabasto de medicamentos, el cual ha sido un tema que no solo la oposición, sino también un gran número de votantes no afines a la 4T, utilizan para criticar a los gobiernos de Morena.
Y es que el tema no es para menos.
Es –después de la creciente y cada vez más preocupante violencia en México– que más le duele a la sociedad.
La falta de acceso a medicamentos esenciales, como los utilizados para el tratamiento del cáncer, VIH, diabetes y otras enfermedades crónicas, pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes.
A inicios de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció una estrategia para adquirir directamente medicamentos con los laboratorios fabricantes, con el objetivo de garantizar el abasto oportuno. Se esperaba que la escasez disminuyera durante el primer bimestre del año. No obstante, al cierre de marzo y entrada de abril, múltiples hospitales y clínicas reportan recetas sin surtir, lo que pone en duda la eficacia de la nueva estrategia.
A ello se suman desafíos logísticos como el retraso en la distribución por parte de la empresa estatal BIRMEX, así como problemas en la integración de la plataforma de gestión de inventarios INSABI-IMSS-BIENESTAR, que aún presenta inconsistencias.
Desde Puebla, la presidenta inició este domingo su empresa para mejorar el sistema de salud de México.
En su nueva visita a tierras poblanas para inaugurar las torres de cardiología y oncología pediátrica del ahora denominado Hospital de la Niñez Poblana IMSS-Bienestar, que contó con una inversión de 915 millones de pesos, Sheinbaum no escondió la cara ni se deslindó de la crisis de salud en México.
Todo lo contrario.
La presidenta aseguró que la salud en el país es un derecho, no un privilegio, y subrayó la importancia de priorizar a la infancia en las políticas públicas.
En este mismo tenor se pronunció el gobernador Alejandro Armenta, quien ha sido un promotor constante de la mejora del sector de la salud en Puebla, además de impulsar programas entre jóvenes y mujeres que mejoren estas condiciones.
“Nuestra presidenta viene a hacer un acto de auténtico humanismo, con estas dos torres que se inauguran la presidenta viene a dejarle a Puebla una obra trascendente para salvar vidas, con estas dos torres se podrá salvar miles de vidas de niños y niñas que padecen cáncer y tienen problemas de cardiopatía”.
La coordinación y la sinergia entre ambos es total.
La empresa por mejorar el sistema de salud, como lo mostraron Sheinbaum y Armenta, va y es en serio.
Congreso aprobará ley contra ciberacoso impulsada por García Parra
Será el próximo jueves cuando el Congreso del estado apruebe la ley contra el ciberacoso en Puebla, la cual fue impulsada por José Luis García Parra a su paso por la LXII Legislatura.
Aunque existen algunas plumas malintencionadas que quieren tergiversar la importante reforma del hoy coordinador del gabinete de Armenta, al catalogarla, sin ningún sustento, como un atentado contra la libertad de expresión, la realidad es que la ley contra el acoso en redes es un tema vital para reforzar la ciberseguridad en la entidad.
El caso de Gabriela “La Bonita” Sánchez, secretaria estatal del Deporte, es el ejemplo perfecto que retrata la importancia de este asunto, que será discutido y presentado para su aprobación en el Pleno del Congreso local.
La reforma de García Parra pretende castigar el ciberacoso de un adulto a un menor, el acoso sistemático en redes, la extorsión vía web, y la suplantación de identidad digital, delitos que no estaban contemplados en nuestras leyes locales o nacionales y que ahora serán tipificados y castigados en Puebla para la protección de las familias.
Esta nueva ley que se aprobará no es una ley censuradora de opiniones.
No pretende perseguir ideas ni limitar libertades.
En Puebla nadie será castigado por expresar una postura política o crítica pública.
Esta legislación tampoco sancionará la crítica, pero sí la violencia.
Violencia que ocurre en un tuit o en un comentario en redes sociales sin que hasta hoy pudiera hacerse nada.
Esta ley de vanguardia a nivel nacional, lo que sí sanciona es el acoso, la extorsión, el robo de datos y el daño emocional que muchas veces se produce desde el anonimato.
Una gran ley que dejó a su paso José Luis García Parra.
@GerardoRuizInc
