Frenar el drenaje financiero del Museo Internacional del Barroco —ese capricho blanco de Rafael Moreno Valle que parecía diseñado más para tomarse la foto y sangrar a Puebla que para fomentar la cultura— es un logro.
El acuerdo con Grupo Hermes ahorrará al estado más de 8 mil millones de pesos.
Es una bocanada de oxígeno para las finanzas públicas.
Pero ojo: no es el cierre del expediente. Es apenas el principio.
Porque tras ese monumento a la corrupción siguen otros casos que —sin tanto mármol ni arquitectura de autor— también sangran al erario.
Las letras chiquitas siguen presentes, y la deuda heredada continúa creciendo en silencio.
Uno de esos pendientes es el Centro Integral de Servicios (CIS).
A diferencia del Barroco, no presume diseño ni estética.
Es un edificio común y corriente en la Vía Atlixcáyotl, anodino por fuera, desordenado por dentro.
Pero eso sí: carísimo.
Costó 1,372 millones de pesos y todavía debemos 741 millones, con pagos comprometidos hasta 2037.
¿Por qué tanto?
Porque fue contratado bajo un esquema PPS que nadie quiso explicar a fondo en su momento, pero que hoy obliga a los poblanos a seguir pagando por el inmueble que aunque cambiado sustancialmente la atención gubernamental, sigue siendo una sangría.
Antes se rentaban inmuebles para las oficinas de gobierno, por lo que el argumento era el ahorro.
Pero todo quedo el mentira, el gasto finalmente fue mucho mayor.
Y después está el Teleférico, el símbolo por excelencia del dispendio inútil.
Costó el doble de lo presupuestado y sirve para poco.
Recorre menos de 700 metros, no conecta puntos estratégicos y encima cuesta 24 millones de pesos al año operarlo.
Y si alguien propone desmontarlo, prepárese: costaría otros 70 millones.
Es el tipo de obra que no se atreve uno ni a apagar, porque sale más caro el remedio que la enfermedad.
Tampoco podemos olvidar las plataformas industriales de Audi.
Aquí el discurso cambia: se habla de empleos, de inversión extranjera, de futuro.
Pero el modelo financiero vuelve a ser el problema.
Se invirtieron 5 mil 79 millones de pesos y todavía hay una deuda de casi 3 mil millones.
¿Por qué Audi no los paga si ellos lo usan?
¿Y las condiciones del contrato?
¿Realmente fue un buen negocio para el estado o solo para los desarrolladores privados?
Es cierto que la fiscalía ha iniciado investigaciones.
Pero el castigo no debe ser solo penal, también político y administrativo.
Porque no basta con señalar errores del pasado.
Hay que corregir lo que aún está vigente.
La pregunta es qué se hará con los contratos que siguen vivos, con los pagos que aún nos obligan a sacar la chequera año tras año, con proyectos que no han sido evaluados en su impacto ni en su viabilidad.
Alejandro Armenta ha dado un paso firme con el Barroco.
El CIS, el Teleférico y las plataformas siguen ahí, como heridas abiertas.
No es momento de cerrar carpetas.
Es momento de abrirlas y explicar cada peso.
Tiempo al tiempo.
