Totimehuacan está a un paso de convertirse en el municipio 218 de Puebla

En la elección judicial que definió quiénes ocuparán nuevos asientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Puebla apareció como una de las entidades clave.

En Xoxtla arde algo más que neumáticos.

Arde el rencor político, la revancha entre facciones de Morena y la ambición de quienes ven en el agua un pretexto perfecto para 2027.

La semana pasada, aproximadamente 70 personas ejecutaron bloqueos en la autopista Puebla a México.

Se vendió como una “protesta ciudadana” por el agua.

Pero todo indica que la movilización fue de gente manipulada y fogoneada por intereses políticos ajenos al municipio, disfrazados de inconformidad social.

La protesta no nació en los pozos de Xoxtla, sino en oficinas donde se planean candidaturas y venganzas.

La participación de personas acarreadas de municipios como Zacatepec, Libres y San Antonio Mihuacán, lo confirma.

¿Qué hacían ahí? ¿Quién las pagó? ¿Qué interés tienen en la red de agua de un municipio donde no viven?

Siempre hay una mano que mece la cuna.

CONAGUA, ¿autoridad técnica o trinchera política?

Beatriz Torres Trucios, exfuncionaria de SOAPAP y actual delegada de CONAGUA en Puebla, tiene un evidente conflicto de intereses que nadie en el gobierno federal parece interesado en revisar.

Como parte del organismo operador del agua metropolitana, tuvo acceso a información estratégica, tomó decisiones sobre infraestructura y convenios.

Hoy, desde la otra orilla, se dedica a facilitar la narrativa de los inconformes.

Su permanencia en el cargo ya no es sostenible.

Si el Estado quiere mandar un mensaje de institucionalidad, debe empezar por ahí.

Lupe vs Lupe

Guadalupe Ortiz Pérez, actual presidenta municipal por el PVEM, derrotó en 2021 a su exjefa, Guadalupe Siyancan Peregrina Díaz, hoy secretaria general de Morena en Puebla.

Siyancan no se lo perdona.

La acusa de fabricar irregularidades administrativas y le responde alentando protestas vecinales.

En su trienio se comprometió a ceder el 50% del agua del pozo 4 a la zona metropolitana de Puebla a cambio de una inversión de 24 millones de pesos en infraestructura hidráulica.

Hoy se lava las manos y culpa a su sucesora por ejecutar ese acuerdo.

La ironía es brutal: la que firmó el convenio ahora lidera la protesta contra sus consecuencias.

Pelota en la cancha federal

El pasado sábado, en una faena comunitaria, el gobernador Alejandro Armenta fue claro y firme.

“El agua es propiedad de la nación, y ningún municipio de Puebla carecerá del líquido vital. Ni Xoxtla, ni Nealtican, ni Coronango, ni ningún otro que tenga pozos con permisos en orden”, sostuvo.
Agua sí, chantaje no.

El mensaje simple.

La narrativa que se cae

¿Xoxtla está siendo despojada? No.

¿Se están llevando el agua en la oscuridad? Tampoco.

Lo que sí hay es desinformación, redes comunitarias manipuladas y una rabia genuina —alimentada por años de abandono y obras mal hechas— que ahora sirve como combustible político.

San Miguel Xoxtla necesita soluciones, sí.

Pero también necesita memoria: recordar quién pactó qué, quién administró mal, y quién ahora se quiere lavar las manos en el río revuelto de la politiquería.

Tiempo al tiempo.

Mientras el Congreso de Puebla fue aprobado al 100% en transparencia, está en duda el trabajo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE).

Y por algo ya se va.

En tanto, el Congreso del Estado cumplió al 100 por ciento en obligaciones de transparencia.

En la Verificación de Obligaciones de Transparencia 2025, el ITAIPUE en sesión califica al 100 por ciento el proceso con el que cierra el procedimiento.

La presidenta del legislativo, Laura Artemisa García Chávez, corrigiendo el rumbo.

Y es que el mismo parlamento poblano se empezará a desaparecer al ITAIPUE, ante la iniciativa enviada por el gobernador Alejandro Armenta para reformar la Constitución del Estado en materia detransparencia.

Hay que decirlo, que el organismo que debería ser el más transparente de todos mantenga en penumbras la información que está obligado a visibilizar, no solo es una contradicción, es una omisión grave.

Y empeoró desde que llegó el actual presidente del ITAIPUE, Javier García Blanco, quien ni siquiera contesta las llamadas o mensajes.

Y para muestra un botón.

La verificación de las Obligaciones de Transparencia 2025, disponible en el portal del ITAIPUE, muestra que muchos sujetos obligados no alcanzaron el 100% de cumplimiento.

El problema no es ese —la falta es de quienes incumplen—, sino la tibieza del propio Instituto para exponerlo.

Ni un boletín, ni un informe claro.

Nada.

¿Por qué no señalar, con nombre y apellido institucional, a quienes incumplen la Ley?

¿Dónde la máxima publicidad que tanto pregonan?

La lista es ilustrativa por sí sola:

Izúcar de Matamoros apenas llegó al 82%, Amozoc al 90%, mientras que San Martín Texmelucan tuvo que esperar a la segunda revisión para alcanzar el 100%.

Y de otros municipios, nada sabemos, salvo entrando expediente por expediente, en un proceso laberíntico.

Pero no aparecen sindicatos, ni todos los partidos políticos, cuando también son sujetos obligados.

¿No deberían estar bajo el mismo escrutinio?

¿Por qué están ausentes del reporte?

La transparencia no se construye con silencio ni con enlaces confusos.

Se construye con datos públicos, comparables, claros y, sobre todo, accesibles.

En tiempos donde el descrédito institucional va en aumento, lo que menos necesitamos es un órgano garante que actúe más como notario silencioso que como vigilante activo.

Si el ITAIPUE no es capaz de generar y publicar un reporte completo y directo, que diga sin rodeos quiénes cumplieron y quiénes no, entonces deja de ser útil.

El silencio institucional es también una forma de complicidad.

No por nada, el pleno del Congreso votará pronto la reforma a la Constitución de Puebla, para que las funciones de transparencia y acceso a la información sean facultad de la Secretaría Anticorrupción, y ante ello se concretará la desaparición del ITAIPUE.

Y a diferencia del INAI, el ITAIPUE no hay ni cómo defenderla.

El fin de una era.

Tiempo al tiempo.

El senador Néstor Camarillo ha estado más tiempo entre aeropuertos internacionales que en las calles de Puebla, aunque insista en que su trabajo es “por México”.

Y como dirigente estatal del PRI, ya dejó claro que su brújula apunta más a Bruselas que a Tepeaca.

En apenas un mes, documentó en redes sociales tres viajes internacionales: Nueva York, Boston y Bruselas.

En Estados Unidos, visitó Harvard y se reunió con migrantes.

En Bélgica, acudió al Parlamento Europeo y de paso visitó la planta de Volkswagen.

Dice que fue por trabajo legislativo.

Que el 80% lo pagó “de su salario”.

Y que viajó en clase turista, no como “los hipócritas de la 4T”, como los ha calificado a los morenistas.

Pero reducir la discusión pública a si voló en turista o en primera clase es insultar la inteligencia de los ciudadanos.

El fondo no es el tipo de asiento, sino el tipo de resultados.

¿Qué beneficios concretos trajeron estos viajes?

¿Qué leyes, reformas o acuerdos se han derivado de esas reuniones que realmente impacten al ciudadano de a pie?

Nada.

Solo fotos bien encuadradas, paseos en bici en Bruselas y discursos decorativos.

Harvard, pero sin tesis.

Parlamento Europeo, pero sin propuestas legislativas tangibles.

Y mientras Camarillo hace check-in en aeropuertos internacionales, el PRI que dirige en Puebla se desmorona en silencio.

Su gestión al frente del partido ha sido un ejercicio de abandono.

La estructura está pulverizada, los comités municipales sin rumbo, las finanzas en números rojos y la militancia desmoralizada.

Ni un solo liderazgo emergente, ni una narrativa política clara.

El PRI en Puebla es hoy un cascarón que sobrevive más por inercia que por convicción.

Pero la inercia se acabará un día.

Resulta cínico presumir austeridad cuando se usan recursos públicos —directos o disfrazados de salario— para hacer turismo político.

Y más aún, cuando el partido que encabeza está en estado de coma.

La verdadera congruencia no se mide por el asiento en un avión, sino por el compromiso con la gente y los resultados que se entregan.

Camarillo debería dejar de compararse con la 4T, no porque tenga razón o no, sino porque ese discurso solo distrae.

El verdadero problema no es lo que hacen los otros, sino lo que él no ha hecho.

No ha reconstruido el PRI, no ha conectado con la base, no ha generado propuestas de fondo.

Solo ha acumulado kilómetros y unos cuantos likes.

En política, como en la aviación, no importa tanto la clase en la que vuelas, sino el destino al que llegas.

Y hoy, el PRI con Camarillo va directo al vacío.

Tiempo al tiempo.

Otra vez, el infierno blanco del Atoyac.

La espuma tóxica brota como un síntoma visible del fracaso de una política hídrica que ha privilegiado el negocio sobre el derecho humano al agua.

Un nuevo video que circuló en redes sociales, difundido por la Defensa Colectiva del Agua en Puebla.

No es nuevo en contenido, pero sí en desesperación.

Once años de cobros por “saneamiento” y el río sigue apestando a corrupción e indolencia.

El fin de semana el gobernador Alejandro Armenta, anunció que se nombrará un comisionado del agua para verificar zonas con desabasto.

¿Entonces el SOAPAP?

¿No era su función operar, regular y vigilar el servicio?

¿Y Gustavo Gaytán, su director, qué estuvo haciendo todos estos años?

El SOAPAP, que en teoría debería ser el rector del sistema de agua potable y saneamiento, se ha limitado a ser un buzón de quejas, además de un firmante de convenios.

Desde la concesión a Agua de Puebla en 2014, este organismo pasó de ser operador a mero espectador, sin capacidad de control real sobre lo que hace —o deja de hacer— la empresa privada.

Es cierto, la ciudad vive una emergencia hídrica.

Las juntas auxiliares, colonias populares y municipios conurbados llevan en algunos casos, hasta semanas sin agua.

No olvidemos que Agua de Puebla ha recaudado más de mil 200 millones de pesos por concepto de saneamiento en los últimos años, según estimaciones de la Auditoría Superior del Estado.

Y el Atoyac sigue igual o peor.

Las espumas tóxicas, como las del video, no solo contaminan el agua; contaminan también la credibilidad del sistema.

El Atoyac vuelve a rugir con espuma tóxica.

Esa alfombra blanquecina que flota sobre el cauce no es solo un contaminante, es una afrenta al discurso oficial, un recordatorio de que las promesas de saneamiento, vendidas como grandes logros desde 2014, quedaron enterradas bajo capas de simulación institucional.

¿Quién ha obligado a Agua de Puebla a rendir cuentas sobre los niveles de tratamiento?

¿Por qué SOAPAP, siendo la autoridad responsable, permite que cada temporada regrese la espuma, las descargas ilegales y la negligencia ambiental?

Lo cierto es que el SOAPAP ha sido omiso, y su actual director, Gustavo Gaytán, ha guardado un silencio cómplice frente al deterioro del afluente más emblemático de la región.

Ahora Armenta ha tomado el problema en sus manos.

“Yo espero que Agua de Puebla nombre ya al comisionado. Va a haber un comisionado que se encargue de verificar dónde no hay agua y dónde hay que llevar el agua”, dijo.

Tiempo al tiempo.

El 27 de julio de 2023, la pasada administración del ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, encabezada por Guadalupe Siyancan Peregrina Díaz, hizo un acuerdo en lo oscuro con Agua de Puebla para Todos y SOAPAP.

El acuerdo detalla que el pozo 4 de Xoxtla, vital para el municipio, será explotado para que la otra mitad de su agua se destine a la zona metropolitana de Puebla, dejando solo la otra mitad para los habitantes locales.

Peor aún, la operación y los costos de energía recaen en el municipio, mientras Agua de Puebla se lleva la mejor parte: los cobros.

¿A cambio de qué?

Deja muchas dudas.

La imposición que refleja el abuso de poder de la concesionaria, que opera bajo la complacencia del SOAPAP.

El documento menciona al director del organismo Gustavo Gaytán Alcaraz, quien debería vigilar como opera la concesionaria Agua de Puebla y no ser su aval.

Recordemos que el año pasado ahí mismo en Xoxtla, donde Agua de Puebla, usando maquinaria del SOAPAP, perforaba pozos sin aviso a los habitantes de que se llevaban su agua mientras priorizaban sus intereses comerciales.

Los pobladores de Coronango gritaron, protestaron.

Uno los vecinos lo descubrieron y clausuraron simbólicamente, junto a Ternium

Otro junto a la autopista.

Y un tercero sí fue clausurado por Conagua ya en la localidad

Pero ¿quién pagó las consecuencias? Nadie.

Gaytán y los directivos de Agua de Puebla siguen intocables, tejiendo sus redes de acuerdos opacos que asfixian a los municipios más humildes.

Este patrón de opacidad no puede ser casualidad.

El acuerdo con Xoxtla no exime de responsabilidad a los directivos de Agua de Puebla ni a Gaytán, quienes parecen tener un historial de decisiones que benefician a la capital a costa de los municipios más vulnerables.

Hoy, en mayo de 2025, la actual administración de Xoxtla y su población siguen lidiando con las consecuencias de este acuerdo.

La escasez de agua no se resuelve con promesas de tanques de almacenamiento, como solicitó la entonces presidenta municipal al gobernador, si el recurso ya está comprometido para otros.

¿Quiénes avalaron estos tratos?

¿Qué intereses económicos o políticos los respaldan?

¿Dónde está la justicia?

Parece un atraco a plena luz del día, orquestado por una concesionaria que actúa como si el agua de los pueblos fuera su herencia personal, con el SOAPAP como cómplice silente.

La falta de transparencia en la gestión del agua sigue siendo un lastre para Puebla, y mientras no haya rendición de cuentas, municipios como Xoxtla seguirán pagando el precio.

El agua no puede seguir siendo un botín para los poderosos, en este caso, Agua de Puebla para Todos.

Es imperativo que se investigue a fondo a los directivos de Agua de Puebla y a Gustavo Gaytán.

Tiempo al tiempo.

Basta con entrar a Facebook y escribir “licencia Puebla” para encontrarse con una colección de anuncios descarados que ofrecen licencias de conducir “en sistema”.

Aunque 2030 parece lejano, Olivia Salomón ya se mueve con rumbo.
Su llegada a la Lotería Nacional la colocó en la escena federal, pero también le abrió reflectores locales.
Lo interesante es cómo aprovecha cada momento, como el reciente sorteo del 5 de mayo en Puebla, donde fue arropada por la clase política.

En México ya no se censura. Se “administra el contenido”.

Se “protege al ciudadano de la desinformación”.

Se “fortalece la soberanía digital”.

Qué bonito.

Qué creativo.

Qué peligroso.