A raíz de que México ratificara la CDN, se desataron una serie de movimientos legislativos, institucionales y sociales, que dieron pie a la publicación en 2014, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), lo que constituyó un significativo avance con relación a la ley anterior, publicada en 2000, que era demasiado vaga y no contemplaba mecanismos institucionales de ejecución.
La LGDNNA, compone un claro adelanto con relación a la conceptualización de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y mandata la articulación de todos los niveles de gobierno en Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), así como mecanismos de articulación con la sociedad civil. Este instrumento legal reconoce veinte derechos, que van desarrollándose en capítulos específicos. La mayoría de estos derechos son de fácil comprensión, aunque su accesibilidad es compleja, pues cruza con desigualdades, violencias, asignación de recursos y de presupuesto. Entre una lista de derechos que incluyen la salud, la educación, una vida sin violencia, la prioridad, la no discriminación, la libre expresión, la seguridad jurídica y el acceso a la información, aparece el derecho a la participación, un derecho que a veces se piensa como no urgente y que, en la práctica, muchas veces es opacado por las necesidades de protección. Sin embargo, idealmente, ningún derecho debería ser más importante que otro y el derecho a la participación, que además está planteado como principio de la CDN y también de la LGDNNA, cobra especial relevancia cuando pensamos en los cambios culturales que necesita un país como México, atravesado por problemas como la violencia y la corrupción.
En artículo 71 de la LGDNNA se establece que “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez” Esto quiere decir que el derecho de participación no debe confundirse con la mera expresión, no se trata sólo de dejar que hablen, sino de escuchar, de prestar atención y tomar en cuenta sus experiencias y opiniones en relación con los asuntos que afectan sus vidas.
La participación infantil y adolescente constituye un derecho complejo porque implica, sobre todo, un cambio en la sensibilidad adulta: nuevos diálogos y nuevas actitudes que no se construyen de la noche a la mañana. Pensar que niñas y niños no sólo deben obedecernos, sino que pueden orientarnos, todavía suena disparatado en muchos contextos. Pero niñas, niños y adolescentes conocen y viven sus entornos familiares, sus escuelas, sus vecindarios, sus redes sociales y sus foros de internet ¿por qué no escuchar sus experiencias y reflexionar con ellas y ellos? ¿por qué no integrar su creatividad y su energía a nuestros esfuerzos por generar comunidades más seguras?
La mayoría de quienes somos adultos ahora, vivimos nuestra niñez como objetos de protección (en el mejor de los casos), pero si comenzamos a pensar y tratar a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho estaremos caminando hacia una integración social más armoniosa y también, hay que decirlo, hacia una democracia más plena: si las personas no aprendemos desde la niñez que nuestra voz cuenta y que podemos contribuir a generar cambios en nuestro entorno inmediato, hay altas posibilidades de confundir la democracia con el ejercicio del voto. Además, la experiencia de ser escuchado y tomado en cuenta, genera en niñas, niños y adolescentes (y en cualquier persona) un factor de protección, pues hace posible la detección y la denuncia del abuso, la apertura de diálogos y la problematización de lo cotidiano.
Los gobiernos han desarrollado diferentes ejercicios presentados como participación: encuestas, consultas, parlamentos infantiles y juveniles, incluso se han conformado consejos y redes infantiles. Si bien, estos esfuerzos pueden llegar a concentrar la expresión de puntos de vista sobre temas específicos, recordemos que el derecho a la participación se vincula a la escucha y a la resonancia de las opiniones, así que, a ras de suelo, muchas veces se confunde expresión con participación.
El reto es grande, muchos docentes, madres y padres de familia sienten reticencia al hablar de los derechos de niñas, niños y adolescentes en general, pero al hablar del derecho a la participación he estado en espacios en los que se activa una suerte de alarma, como si se propusiera que la participación infantil y adolescente implica que ahora los adultos tenemos que obedecer. Por supuesto, no se trata de eso, como adultos conservamos el conocimiento y la responsabilidad que nos da el hecho de tener una mayor experiencia, reconocer el derecho de niñas, niños y adolescentes a participar significa detenernos a escuchar sin invalidar sus voces y mirar qué de aquello que nos dicen es factible, deseable o razonable y trabajar con ellas y ellos en la solución de problemas familiares, escolares, vecinales, municipales, estatales, etc.
