Este fenómeno no es nuevo. En distintos análisis previos, hemos desarrollado sobre el sistema de partidos en México, se ha documentado cómo la transición política, la fragmentación electoral y el fortalecimiento de poderes locales han reconfigurado el comportamiento de los partidos y de sus legisladores. Se ha mostrado también que, conforme los partidos se vuelven más competitivos y territorializados, sus dilemas internos se desplazan de la identidad programática a la gestión de incentivos. El PAN no es ajeno a esta lógica; por el contrario, sus tensiones actuales permiten observar con claridad los costos organizacionales de esa transformación.
Así, en la LVII Legislatura, durante la discusión del Presupuesto del año 2000, la ausencia del diputado Francisco José Paoli Bolio en una votación cerrada sobre los recursos del IPAB permitió que la propuesta de la oposición fuera derrotada por un solo voto (246 contra 245). La explicación posterior —una “ida al baño”— convirtió ese episodio en símbolo de algo más profundo: un partido que apelaba a la conciencia individual, pero carecía de mecanismos eficaces para sostener decisiones colectivas cuando realmente importaban.
La lógica del acomodo volvió a aparecer en la LXII Legislatura, durante la Reforma Hacendaria de 2013. En la votación de artículos relacionados con el precio de la gasolina, la bancada del PAN en Puebla votó en sentido contrario a la postura nacional del partido, que públicamente había condenado el “gasolinazo”. Diputados como Genoveva Huerta, Néstor Gordillo y Eukid Castañón respaldaron disposiciones que abrían la puerta al aumento gradual de los combustibles. La razón fue conocida: la obediencia a las instrucciones del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, para no confrontar al gobierno de Enrique Peña Nieto. El PAN decía una cosa; algunos de sus legisladores hacían otra.
El punto de quiebre más reciente fue el voto del senador Miguel Ángel Yunes Márquez a favor de la Reforma Judicial impulsada por Morena, durante la LXV Legislatura. Su decisión fue decisiva para alcanzar la mayoría calificada, en contra de la instrucción expresa de la dirigencia nacional del PAN y de la postura sostenida por la oposición. La expulsión posterior del senador fue inédita, pero también reveladora: el castigo llegó tarde y como reacción, no como disuasión. El mensaje fue claro para el resto de los legisladores: romper la línea puede tener costos, pero no necesariamente consecuencias estructurales.
Poco después, en la votación para designar a la titular de la Fiscalía General de la República, que derivó en la elección de Ernestina Godoy Ramos, el PAN volvió a exhibir fisuras. Aunque la postura institucional era votar en contra, al menos tres votos a favor provinieron de senadores panistas: Guadalupe Murguía Gutiérrez y Agustín Dorantes Lámbarri, de Querétaro, y María de Jesús Díaz Marmolejo, de Aguascalientes. Además, Enrique Vargas del Villar (Estado de México) y Mario Vázquez Robles (Chihuahua) se ausentaron de la votación pese a estar en el recinto. No es un detalle menor que estos casos provengan de estados gobernados por el propio PAN.
Leídos en conjunto, estos episodios revelan un patrón. Desde una perspectiva politológica, no se trata solo de indisciplina, sino de acomodo racional. El partido fija una línea, pero el legislador evalúa costos y beneficios reales. Cuando los castigos son inciertos y los beneficios individuales son inmediatos —protección política, estabilidad local o reducción de presiones—, votar a modo se vuelve una estrategia funcional.
A ello se suma un problema clásico de acción colectiva: mientras el PAN sigue produciendo bienes simbólicos —discurso opositor, credibilidad institucional, defensa de la legalidad—, algunos legisladores capturan esos beneficios sin asumir el costo de sostenerlos. El resultado es una oposición que habla fuerte, pero vota suave cuando la decisión implica riesgos reales.
Este desplazamiento también ha ido marginando la tradición liberal y democrática que dio origen al PAN. Durante décadas, Acción Nacional fue un partido de minorías cohesionadas, donde la disciplina no se imponía: se asumía. Hoy, esa tradición convive con una lógica más pragmática y territorial, donde la supervivencia política de corto plazo suele imponerse sobre la coherencia doctrinal.
La pregunta de fondo no es quién traicionó a quién, sino qué tipo de partido es hoy el PAN. Cuando el voto deja de ser un instrumento de confrontación institucional y se convierte en una herramienta de acomodo, la indisciplina deja de ser excepción y se vuelve regla. Y cuando eso ocurre, la oposición deja de ser contrapeso y se convierte en parte del paisaje.
La disciplina partidista no es autoritarismo; es una condición mínima para la acción colectiva. Sin ella, los partidos dejan de incidir y se convierten en agregados de trayectorias individuales. En ese escenario, el PAN no solo pierde cohesión interna: pierde la capacidad de distinguirse como una oposición real en un sistema político que ya enfrenta suficientes tensiones.
José Ojeda Bustamante
@ojedapepe
