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Con reformas que devuelven al Estado el control del agua, frenan al acaparamiento y garantizan el derecho humano del vital líquido, especialmente en comunidades rurales e indígenas, la Cámara de Diputados aprobó —luego de modificar la totalidad de los artículos— con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según el dictamen presentado por el titular de Conagua, Efraín Morales, la ley reconoce el agua como un bien estratégico y no como una mercancía. Entre los cambios más relevantes destaca la modificación al artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, que prohíbe la transmisión de concesiones entre particulares. El nuevo texto establece que los derechos amparados en las concesiones entre particulares. Ahora, los derechos de concesiones y asignaciones solo podrán moverse mediante reasignaciones autorizadas por la Autoridad del Agua, a través de procedimientos expeditos.

La presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Elizabeth Cervantes, calificó el dictamen como un paso histórico para proteger el recurso, destacando que el proyecto se elaboró con la participación social. La nueva Ley General de Aguas reconoce el derecho humano al agua, distribuye competencias entre distintos niveles de gobierno y establece bases para que las entidades emitan sus propias normas. Además, la Ley de Aguas Nacionales reglamenta el artículo 27 constitucional para fortalecer la rectoría del Estado y otorgar más herramientas a Conagua.

Productores agrícolas, principalmente del norte del país, advirtieron que la eliminación de la transmisión privada de concesiones genera incertidumbre, pues el acceso al agua forma parte del valor de sus tierras.

Conagua afirmó que herencias y compraventa de predios continuarán siendo permitidas; sin embargo, los agricultores señalan que persiste la incertidumbre sobre los nuevos trámites y la protección de sus derechos históricos.

Modificaciones

Se mantuvo el artículo 22, que establece que los derechos de concesiones y asignaciones no pueden ser transmitidos entre particulares.

Se derogaron los artículos 33 a 25 que antes autorizaban la transmisión de derechos sobre aguas del subsuelo.

El artículo 37 Bis, permite a Conagua autorizar la reasignación de volúmenes en un máximo 20 días hábiles y emitir un nuevo título de concesión en casos de transmisión de propiedad, así como en fusiones o escisiones de sociedades civiles o mercantiles.

La Ley, que reglamenta el artículo 4º, párrafo octavo, de la Constitución Política en materia del derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, determina las bases, apoyos y modalidades para su acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos.

En la Ley de Aguas Nacionales se incluye el concepto de aguas residuales tratadas como aquellas que se han adecuado para su reúso mediante procesos individuales o combinados de tipo físico, químico, biológico u otro. En la definición del Programa Nacional Hídrico incluye el priorizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico y cambia el nombre del Registro Público de Derechos de Agua por Registro Nacional del Agua.