Al filo de la madrugada del 10 de octubre de 2025, el Congreso de Perú aprobó por unanimidad la destitución de Dina Boluarte como presidenta de la República, en medio de una grave crisis de violencia y criminalidad que afecta al país.
La moción fue presentada por la bancada de Renovación Popular, liderada por el alcalde limeño Rafael López Aliaga, tras múltiples incidentes violentos, incluido el ataque armado contra el grupo musical Agua Marina, ocurrido el miércoles 8 de octubre en un recinto militar en Chorrillos. El hecho dejó varios heridos y generó alarma ciudadana.
La presidenta Boluarte rechazó presentarse ante el Congreso para defenderse, calificando el proceso como “inconstitucional”. Su abogado, Juan Carlos Portugal, expresó: “Es sencillamente violatorio a cualquier procedimiento. ¡No lo convalidaremos!”.
Tras 20 minutos de espera y un debate intenso, los legisladores votaron por la vacancia: 118 votos a favor, ninguno en contra. El presidente del Congreso, José Jerí, asumió inmediatamente la presidencia interina del país. “Debemos declararle la guerra al crimen. Los enemigos son bandas criminales en las calles”, declaró tras su juramento.
Jerí, abogado de 38 años y vicepresidente del partido Somos Perú, gobernará hasta las elecciones previstas para abril de 2026. El relevo oficial está fijado para el 28 de julio de 2026.
La destitución marca un precedente histórico. El país ha tenido seis presidentes desde 2018 por renuncias o destituciones, y tres exmandatarios enfrentan procesos judiciales por corrupción. Este episodio refleja una crisis política y de seguridad que mantiene en vilo a la sociedad peruana.
