Contundente fue la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum este 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México. No sólo por el volumen de personas reunidas —contingentes que comenzaron a llegar desde la noche anterior— sino por lo que esa imagen representa en un país acostumbrado a que la política se mida, primero, en plazas y sólo después en urnas. El músculo de Morena y sus aliados quedó exhibido, sí, pero lo verdaderamente notable es la lectura de fondo: la continuidad de un ciclo histórico que México parece empeñado en repetir.

La contienda por la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE) cerró con 14 aspirantes inscritos y varios focos rojos por los antecedentes de los aspirantes al cargo. Lo que para algunos podría parecer un trámite administrativo más del Congreso del Estado es, en realidad, uno de los movimientos políticos más delicados del cierre de año. En la ASE no solo se fiscalizan cuentas: se controlan equilibrios, se definen narrativas y, en muchos casos, se decide la distancia entre la justicia y la impunidad.

La recepción de perfiles, avalada por la Notaría Número 18, a cargo de Mariana Castro Cue, y certificada por el secretario general Julio Leopoldo de Lara Valera, garantiza formalidad. Pero la duda que flota no es sobre el procedimiento, sino sobre el tipo de perfiles que busca —o permitirá— el Poder Legislativo para encabezar al órgano técnico más sensible del estado.

Entre los aspirantes hay tres que destacan no por su hoja de vida, sino por el peso político y los intereses que arrastran: Germán Reyna y Herrero, Juan Carlos Moreno Valle Abdala y Francisco Romero Serrano.

El nombre de Germán Reyna y Herrero, socio fundador de ARH Consultores, no ha pasado desapercibido. Su experiencia en auditoría, blindaje fiscal y defensa corporativa es indiscutible. Sin embargo, precisamente allí radica la preocupación: sus despachos —incluidos los de su esposa y socios— operan como auditores externos de casi un centenar de ayuntamientos de Puebla.

¿Puede un auditor privado que ha trabajado para medio estado convertirse en el fiscalizador público de ese mismo estado?

¿No hay allí un conflicto de interés evidente?

¿Puede garantizarse que, al asumir el cargo, no exista una deuda técnica, profesional o incluso comercial con los mismos entes que debería auditar con rigor?

A ello se suma la versión de acercamientos previos entre el aspirante y altos perfiles de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que abre la puerta a que intereses ajenos intenten incidir en un órgano que históricamente ha sido utilizado como herramienta política para premiar aliados y golpear adversarios.

Por su parte, Moreno Valle Abdala, director de Carreteras de Cuota en el sexenio de Miguel Barbosa Huerta y secretario de la Función Pública en el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, carga con un dilema distinto. Su trayectoria es sólida, sí. Pero un nombramiento así devolvería la Auditoría a manos de un exfuncionario estatal con conexiones todavía activas en la administración pública. La pregunta se formula sola: ¿podría fiscalizar con independencia a quienes han sido sus pares y aliados?

En el caso de Romero Serrano, el regreso resulta casi una provocación. Fue él mismo quien dirigió la ASE antes de ser encarcelado durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Hoy pretende volver para limpiar su nombre. Más allá de su derecho a aspirar, el mensaje es inquietante: ¿cómo garantizar imparcialidad en un órgano cuyo posible titular llega con cuentas pendientes, acusaciones y heridas abiertas en el tablero político?

La pregunta que nadie quiere responder

La ASE debería ser sinónimo de autonomía, vigilancia y credibilidad. Sin embargo, con perfiles tan marcadamente vinculados a gobiernos, empresas, operadores políticos y redes de influencia, es imposible no plantearlo:

¿Está el Congreso realmente buscando un auditor independiente o solo eligiendo al próximo guardián de intereses?

La transparencia en Puebla ha sido, durante años, moneda de cambio. Un negocio en algunos casos; un garrote político en otros. Por eso el próximo titular de la ASE no es un nombramiento menor: es una señal de si el Estado quiere corregir el rumbo o mantener los mismos vicios bajo un nuevo nombre.

El proceso está en sus últimas etapas, pero desde ahora es claro que no basta con revisar currículums. Lo que está en juego es la confianza pública. Y esa, más que firmarse ante notario, se demuestra con decisiones verdaderamente independientes.

Cuenta de X: @mecinas

En México, los partidos políticos parecen haber encontrado una fórmula perversa para sobrevivir: apostar por candidatos cuestionados, con poder económico o de control territorial, aunque ello implique abrir la puerta a personajes investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado. No es casualidad ni accidente; es una estrategia electoral que prioriza votos sobre ética, y registro sobre democracia.

En Puebla, donde la disputa por el control institucional suele ser tan intensa como silenciosa, la definición del próximo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) comenzó a decantarse con claridad. La aspiración de múltiples perfiles se ha ido reduciendo en las últimas semanas, y todo parece indicar que el nombre que concentra consensos técnicos, académicos y políticos es el del Dr. Román Sánchez Zamora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y uno de los especialistas en transparencia con mayor experiencia que tiene el estado.