Marco Aurelio fue asesinado el 23 de mayo de 2023, en Tehuacán. Y de acuerdo con la versión acreditada en tribunales, Jesús Armando N. disparó contra el periodista, mientras José Francisco N. participó en la ejecución del crimen y en la posterior huida. Los dos pasarán prácticamente el resto de sus vidas tras las rejas.

La historia pudo haberse quedado ahí: otro periodista asesinado, otra familia esperando respuestas, otro caso convertido en pregunta. Como la muerte de Alejandro Leyva ocurrida apenas en julio en el estado de Oaxaca, o el de Alex Serna en Guerrero, registrado en junio, o el de Luis Ángel López, de Poza Rica, Veracruz, cometido también en junio, o el de Juan David Gámez perpetrado en marzo en García, Nuevo León.

Pero no. El caso de Puebla es distinto. La Fiscalía General del Estado hizo su parte —como también lo hizo en el caso de Josué Martínez—. A través de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, adscrita a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, reunió y presentó los elementos probatorios que permitieron acreditar la responsabilidad penal de los acusados.

Y aquí vale la pena detenerse.

Porque cuando matan a un periodista no solamente matan a una persona. Se intenta ocultar una verdad y se toca el derecho de la sociedad a saber y a estar informada.

Por eso debe reconocerse el trabajo de la Fiscalía encabezada por Idamis Pastor Betancourt.

No por simpatías, ni por discursos, sino por resultados concretos en un caso que sacudió al gremio en todo el estado.

El Tribunal Unitario de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal dictó sentencia condenatoria contra ambos responsables y estableció para cada uno 46 años y 5 meses de prisión, además de la reparación integral del daño.

Incluso cuando la defensa apeló —con justo derecho—, la sentencia fue revisada y el Tercer Tribunal de Alzada Colegiado en Materia Penal la confirmó por unanimidad.

Ese dato es fundamental: no se trata solamente de una condena inicial, sino de una resolución que superó la instancia de apelación y quedó firme.

Eso es justo lo que se ha pedido: Estado de derecho.

La Fiscalía investiga, presenta pruebas y sostiene su acusación; los tribunales juzgan y la defensa tiene derecho a recurrir. En este caso, la sentencia se sostuvo.

Hay quienes dirán que eso es simplemente lo que una Fiscalía tiene que hacer. Y sí, precisamente eso es lo que una Fiscalía tiene que hacer: investigar, perseguir el delito, presentar pruebas y buscar justicia para las víctimas.

Por eso, cuando lo hace y obtiene una sentencia firme, también debe reconocerse.

Porque criticar a las instituciones cuando fallan es necesario, pero señalar cuando cumplen con su responsabilidad también es parte del periodismo.

El caso de Marco Aurelio deja una lección: la libertad de expresión no se defiende únicamente desde las redacciones, las cámaras o los micrófonos. También se defiende desde las instituciones de procuración de justicia.

La sentencia de Tehuacán no devuelve la vida a Marco Aurelio ni borra el dolor de su familia. Pero establece una consecuencia jurídica para quienes fueron encontrados responsables.

Eso es precisamente lo que importa. El asesinato de un periodista no puede convertirse en una costumbre y la impunidad tampoco.

Marco Aurelio ya no está para contar esta historia, pero hoy, tres años después de su asesinato, existe un capítulo que pudo no haber existido: el de la justicia, y así lo consignamos al lograrse la sentencia firme contra sus asesinos.

Y sí, hay que decirlo: la violencia quiso silenciar a un periodista, la justicia —esta vez— respondió y fue contundente.

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