El pasado 10 de septiembre, la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, sufrió una tragedia: una explosión de una pipa de gas dejó 30 víctimas fatales y 15 lesionados hospitalizados. El vehículo transportaba cerca de 50 mil litros de gas, causando un fuerte estallido en una zona habitacional del oriente capitalino.
Fuentes oficiales confirmaron que 39 heridos ya fueron dados de alta, pero las lesiones de los restantes 15 requieren atención médica continua. Las imágenes y testimonios de vecinos describen escenas de impacto y caos.
En reacción al incidente, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que su administración elaborará una propuesta de reforma al Reglamento de Tránsito, con el propósito de endurecer las normas para unidades que transportan materiales peligrosos. Esta propuesta se presentará luego de que el Gobierno federal determine las medidas a seguir.
La explosión ha encendido un debate profundo sobre la seguridad en el transporte de combustibles, señalando la necesidad de implementar regulaciones más estrictas y tecnología de monitoreo. Este caso subraya que la prevención es vital para proteger vidas en zonas urbanas.
