La Fiscalía General de la República judicializó un expediente contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, para procesarla por una presunta participación en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, vinculado a la pensión vitalicia que recibió de Pemex tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, el 7 de octubre de 2004.
De acuerdo con lo expuesto en mayo de 2024 por el exdirector de Pemex, Octavio Oropeza Romero, Márquez Padilla ingresó como coordinador ejecutivo el 1 de junio de 2004 y trabajó en ese cargo 129 días antes de morir al caer desde el piso 12 de la sede central. Aunque los peritajes apuntaron a suicidio, esa conclusión no aparece registrada en los documentos difundidos.
El 19 de octubre de 2004, se pidió activar la pensión posmortem, retroactiva al 8 de octubre. Oropeza señaló que Casar habría generado un daño económico de 31 millones de pesos mediante el cobro mensual de 125 mil pesos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial para aplicar el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal, que castiga actos de autorización o promoción de operaciones indebidas cometidas por funcionarios o por cualquier persona que participe.
El caso será revisado el 16 de diciembre, momento en que se presentarán los resultados de la investigación. Al no considerarse delito grave, los señalados podrán continuar el proceso en libertad condicional.
Después de que Pemex suspendió la pensión en febrero de 2024, Casar tramitó un amparo, y el Juzgado Sexto de Distrito en Materia del Trabajo ordenó reintegrar los pagos.
