El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a 18 gobernadores retirar el comunicado donde manifiestan su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que fue considerado como “propaganda gubernamental” en periodo prohibido por la Revocación de Mandato.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE sesionó de manera virtual para conocer el escrito de queja del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como las y los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Esto, luego de que el PAN solicitó medidas cautelares por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, derivado de la emisión y publicación en redes sociales, desde el día 13 de febrero, del comunicado titulado GOBERNADORES Y GOBERNADORAS DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN.
La Comisión dictó la procedencia de las medidas cautelares al advertir que, en apariencia del buen derecho, se trata de una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir, de forma expresa y preponderante, logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza, considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de Revocación de Mandato en curso.
En el documento se explicita el apoyo al Presidente de la República en el contexto del actual proceso de Revocación de Mandato.
El INE acordó ordenar a las personas titulares del Poder Ejecutivo Local denunciadas que, de inmediato y en un plazo que no podrá exceder de tres horas, realicen las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar la publicación denunciada de sus redes sociales, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración.
También solicitó se dictara tutela preventiva para que las personas servidoras públicas denunciadas se abstuvieran de realizar conductas similares en el futuro.
La Comisión dictó la procedencia de las medidas cautelares al advertir que, en apariencia del buen derecho, se trata de una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir, de forma expresa y preponderante, logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza, considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de Revocación de Mandato en curso.
En cuanto a la tutela preventiva correspondiente a ordenarle a todos los involucrados se abstengan de seguir realizando actos similares se declaró improcedente, pues se trata de hechos futuros de realización incierta.
