Ciudad de Puebla, Pue.- Por un adeudo cercano a los cinco millones de pesos, derivado de multas federales relacionadas con incumplimientos en materia laboral, este fin de semana el gobierno del estado de Puebla, a petición del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejecutó un proceso de embargo precautorio en las instalaciones de TV Azteca Puebla.
La acción gubernamental provocó una inmediata reacción por parte de la empresa de comunicación, que de manera errónea acusó presuntas irregularidades en el procedimiento y un supuesto intento de presión política. Sin embargo, el gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier rechazó las acusaciones y explicó que la medida administrativa obedeció exclusivamente al cumplimiento de obligaciones legales derivadas de un crédito fiscal vigente.
Al respecto, la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración del estado, Daniela Pérez Calderón, el adeudo reclamado asciende aproximadamente a cinco millones de pesos y tiene su origen en multas impuestas por autoridades federales derivadas de procedimientos administrativos relacionados con la Ley Federal del Trabajo.
La funcionaria explicó que la administración estatal actuó en calidad de autoridad ejecutora, en cumplimiento de los convenios de colaboración fiscal existentes entre la Federación y los estados, mediante los cuales las entidades pueden realizar procedimientos de cobro cuando así lo solicitan las instancias federales competentes.
La diligencia realizada en las instalaciones de TV Azteca Puebla obedeció, por tanto, a la ejecución de un procedimiento administrativo previamente iniciado por autoridades federales.
Los hechos contrastan con la narrativa que intentaron posicionar los representantes de la televisora, quienes señalaron públicamente la presencia de funcionarios estatales en sus oficinas para llevar a cabo el embargo. La empresa sostuvo que el procedimiento carecía de sustento legal suficiente y advirtió que la acción podía interpretarse como una represalia contra su labor informativa.
En entrevista con reporteros de la fuente, el gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que no existe ninguna persecución política contra la empresa ni intención de limitar la libertad de expresión.
“Se trata de un procedimiento administrativo derivado de obligaciones fiscales. No hay censura, no hay persecución y no existe ninguna acción dirigida a afectar la actividad periodística de ningún medio de comunicación”, afirmó el mandatario poblano al ser cuestionado sobre el tema.
Armenta Mier sostuvo que su gobierno está obligado a cumplir la ley y ejecutar los procedimientos establecidos cuando una autoridad federal solicita la recuperación de créditos fiscales pendientes.
Por su parte, el coordinador de Gabinete del gobierno del estado, José Luis García Parra, explicó que el 23 de enero pasado el gobierno federal impuso las multas administrativas no fiscales contra la empresa por oponerse a una inspección el 26 de septiembre de 2025 y por ser omisa en la exhibición de documentos laborales básicos como reglamento interior de trabajo, constancias de vacaciones, primas dominicales y aguinaldos, entre otras. Todo ello hizo una suma de 40 multas.
Ante el procedimiento, TV Azteca promovió un juicio de nulidad y el 14 de mayo la autoridad falló a su favor,con la condición de que la firma otorgara una garantía de interés fiscal, cuestión que también incumplió, derivando en la orden de ejecución por parte de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.
Empresa ofrece garantía de 3.3 mdp para frenar embargo
La Secretaría de Finanzas informó además que el procedimiento de embargo no llegó a concretarse debido a que la empresa presentó una garantía para responder por el monto reclamado, situación que permitió suspender temporalmente la ejecución de la medida mientras continúan los procesos administrativos correspondientes.
Esta circunstancia evitó que se materializara el aseguramiento de bienes o activos vinculados a la operación de la empresa en Puebla.
Los funcionarios estatales precisaron que el asunto debe analizarse desde una perspectiva estrictamente administrativa y fiscal, al sostener que la existencia de adeudos y créditos fiscales no puede quedar exenta de procedimientos de cobro únicamente por tratarse de una empresa dedicada a la comunicación.
Hasta el momento, el procedimiento permanece suspendido tras la presentación de garantías por parte de la empresa. No obstante, las autoridades estatales mantienen vigente la reclamación del adeudo cercano a los cinco millones de pesos, mientras continúan los procesos legales y administrativos que determinarán la resolución definitiva del caso.
