La secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, ha confirmado la suspensión continua de esta ley y ha reafirmado el compromiso de México de oponerse a esta medida, que otorga a las fuerzas policiales estatales y locales la autoridad para desarollar operaciones relacionadas con la inmigración.
Bárcena, a través de sus redes sociales, ha subrayado que los migrantes no son delincuentes, destacando que representan 70 por ciento de los trabajadores agrícolas en Texas. Además, les ha recordado que no están solos ante este desafío.
En consonancia con esta postura, la Cancillería mexicana ha reiterado su rechazo a cualquier iniciativa que permita a las autoridades estatales o locales ejercer funciones de control migratorio, subrayando que leyes como la SB4 generan fricciones internacionales y violan los derechos humanos.
La #SB4 continúa suspendida. La @SRE_mx sigue firme en la defensa de l@s mexican@s ante leyes discriminatorias en TX y 🇺🇸.
— Alicia Bárcena (@aliciabarcena) April 3, 2024
Nuestros migrantes NO son criminales. Contribuyen con 324 mil mdd anuales a esa economía y representan 70% de sus trabajadores agrícolas.
¡No están solos!
Durante una audiencia en Estados Unidos sobre la entrada en vigor de la Ley SB4, el representante del gobierno texano reconoció el impacto significativo que tendría su aplicación, admitiendo que la medida "pudo haber ido demasiado lejos".
Esta afirmación fue hecha ante un panel de jueces federales del Quinto Circuito, que ya había frenado previamente la estricta medida migratoria del gobernador republicano Greg Abbott.
El abogado del gobierno de Texas, Aaron Nielson, reconoció la posibilidad de que la ley haya excedido sus límites y dejó en manos del tribunal la decisión final al respecto. El panel de jueces no emitió una opinión sobre si Texas se había extralimitado, pero durante la audiencia, el Departamento de Justicia argumentó que la ley texana intentaba usurpar la autoridad del gobierno federal en materia de inmigración.
La Ley SB4 otorga a cualquier policía de Texas la capacidad de detener a personas sospechosas de ingresar ilegalmente al país, lo que podría resultar en su deportación o procesamiento por delitos menores.
El estado se comprometió a colaborar con el gobierno federal en la aplicación de la ley, pero surgieron interrogantes sobre cómo se llevaría a cabo la ejecución de las órdenes de los jueces para el retorno de los migrantes al país del que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos.
