El equipo del presidente electo Donald Trump comenzó a sentar las bases para cumplir su promesa de campaña de deportaciones masivas, según un informe de CNN sustentado en fuentes cercanas al plan. Entre las primeras acciones destacan la ampliación de centros de detención y la reactivación de políticas migratorias como “Permanecer en México”, sujetas a negociación con el gobierno mexicano.
La administración entrante, que iniciará el 20 de enero de 2025, busca restablecer programas implementados durante el primer mandato de Trump, como “Permanecer en México”, en el que solicitantes de asilo debían esperar en ese país mientras sus casos eran procesados en Estados Unidos. Para ello, será clave la colaboración del gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, quien confirmó que buscará diálogo con el equipo de transición de Trump para conocer los alcances de estas medidas.
Cambios en restricciones de asilo y libertad condicional
Se prevé la revisión de las políticas de asilo y la eliminación de las protecciones otorgadas bajo libertad condicional humanitaria, impulsadas por el gobierno de Joe Biden. Además, se revertirán las prioridades de deportación de la actual administración, que limitaban los esfuerzos de ICE a personas con antecedentes penales y aquellas que ingresaron al país de forma irregular después de noviembre de 2022.
Otra medida bajo consideración implicaría la detención obligatoria de migrantes indocumentados sin posibilidad de liberación previa al procesamiento. Sin embargo, aún no se ha especificado cómo se gestionarán los procedimientos para los detenidos. El nuevo gobierno también planea coordinarse con cárceles locales para ampliar las capacidades de detención.
Emergencia nacional para uso de recursos militares
El lunes, Trump confirmó que declarará una emergencia nacional para emplear recursos del ejército en la identificación, detención y expulsión de personas indocumentadas. Esta estrategia busca agilizar los procesos migratorios y reforzar las medidas de control fronterizo.
Los próximos meses serán clave para determinar el alcance y viabilidad de estas acciones, particularmente en los acuerdos bilaterales necesarios para su implementación.
