La analogía era también una fuerte denuncia de las trampas y mañas, principalmente del grupo de Roberto Madrazo Pintado

Un papel muy importante en la concreción de los consensos volverá a tener el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política

Ignacio Mier Velazco, se quejó de que el Ayuntamiento tenga que clausurar los anuncios sobre su informe legislativo

A todos debiera indignarnos que la justicia se otorgue como mercancía

En el periodo ordinario de sesiones que comenzará el 15 de septiembre, el Congreso del Estado de Puebla recibirá el paquete de reformas al Poder Judicial que enviará el gobernador Miguel Barbosa Huerta y que sentará un radical y firme nuevo rumbo a la relación entre magistrados, jueces, abogados, funcionarios y quienes requieren de justicia en nuestra entidad. La red de componendas se eliminará y los brazos y cabezas que la han alimentado perversamente serán cortadas de tajo.

Desde la división y el sectarismo no se puede caminar hacia 2024. Lo ve así y lo defiende con claridad la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la “corcholata” —término que reconoce como despectivo para algunos oídos, pero que a ella no le incomoda— que se ve como favorita del presidente de la República.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez, nunca —o casi nunca— ha sido un tipo en quien se pueda confiar, durante el actual régimen.

No hay un político que le resulte a los ciudadanos más antipático en todo el país que el ex priísta, ex panista, ex priísta, otra vez y ahora intentando regresar al Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón.

 Si la definición de la candidatura a la Presidencia de la República tuviera que tomarse hoy, sin dubitaciones, Andrés Manuel López Obrador nombraría a Claudia Sheinbaum Pardo como la abanderada de Morena para sucederlo y como portadora moral, real y efectiva, de su herencia ideológica y legado político. Así de claro.

Debió haber sido el año 2001. Había transcurrido ya el primer año de la LVIII Legislatura (2000-2003) de la Cámara de Diputados y venía avanzando la discusión sobre la primera Ley de Transparencia, ese ejercicio de rendición de cuentas que hoy es tan común y que, entonces, apenas caído el priato hegemónico, resultaba novedoso, urgente y tantas veces postergado.