La tensión existente del PT hacia Morena rumbo a 2027, estriba en la lectura de Alberto Anaya sobre la inexistencia de condiciones para gobiernos de coalición. Ahora, Tamaulipas se enreda en la negociación de la alianza Morena-PT-PVEM y la amenaza petista de ir con candidatos propios abre, de nueva cuenta, el debate respecto a mantener una coalición sostenida con alfileres.

Considerado uno de los bastiones sólidos para Morena en 2027, el partido encabezado por Ariadna Montiel, debe dar certeza en Nayarit, ya que la apuesta, para el próximo año, es grande y se debe mantener el estado como uno de los puntos en el que no solo se gane sino que se mantenga la esencia de la cuatroté.

Con un marcado filopartidismo y rodeada de decisiones polémicas, la magistrada Mónica Soto, presentó su renuncia a la sala superior del Tribunal Electoral. Al menos sus últimos tres años de función jurisdiccional estuvieron marcados por una tendencia al partido en el poder y cargar resoluciones a favor de las cúpulas partidistas. Lo técnico fue arrollado por la agenda personal

A nombre de la ecología y el cuidado del medio ambiente, el gobierno de Samuel García obtiene recursos con un ligero matiz, los impuestos verdes se vuelven poco transparentes debido al manoseo por parte de dos dependencias, la de Medio Ambiente y la de Finanzas y Tesorería Estatal. El resultado es una inestabilidad y opacidad a la hora de la rendición de cuentas.

El gobierno de Samuel García convirtió durante buena parte de su administración la obra pública y el Mundial en vitrinas políticas. La promesa era que Nuevo León llegaría al torneo con nuevas líneas de Metro, mejor movilidad y una infraestructura capaz de mostrar al mundo el supuesto nuevo rostro del estado. La realidad lo rebasa: obras inconclusas, afectaciones viales y proyectos a medias que terminaron más como promesas de futuro que como soluciones. El propio contraste entre lo anunciado y lo efectivamente entregado se convirtió en uno de los costos políticos más visibles de la administración. 

En un extraño movimiento, el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, pasó de ser un juzgador de consigna a un personaje con intereses oscuros. Quien en 2025 aspiró a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intentó frenar dos inhabilitaciones impuestas por la autoridad a Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, una empresa que, de acuerdo con la plataforma Compras MX, ha obtenido 325 contratos con el Gobierno federal por 14 mil 467 millones de pesos entre 2017 y 2026.

La suspensión concedida por la ministra Estela Ríos al gobernador Samuel García para frenar el juicio político promovido en el Congreso de Nuevo León representa, sin duda, un respiro jurídico para su administración. La resolución impide, por ahora, que el Poder Legislativo avance en un procedimiento por presuntos actos de peculado y enriquecimiento mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el fondo de la controversia. Sin embargo, fuera de los tribunales permanece abierto un juicio mucho más complejo: el de los resultados de gobierno.

La propuesta del consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-kib Espadas, de agregar dos boletas para los comicios de 2027, solo abona a la confusión frente a las urnas y para debilitar, más, la figura de diputados plurinominales. Le dio un giro a la propuesta original incluida en la Reforma Electoral, pero se queda entrampada en el sesgo político.