El camino de reestructuración panista debe desechar los últimos resabios de la corriente ultraderechista asentada en Jalisco, incrustada en el partido y generadora de la imagen de partido conservador. La presencia de Emilio González Márquez, exgobernador de la entidad como panista crítico a la actual dirigencia nacional y estatal lo ubican en el foco, pero su influencia es nimia y su discurso va en sentido contrario a la renovación blanquiazul.

Convertido en un tribunal electoral con afinidades diáfanas a la cuatroté, la etapa presidida por la magistrada Mónica Soto es de las más controversiales. Encargada de jugar doble cara al interior del Poder Judicial, durante la candente discusión de la Reforma Judicial, la presidenta del TEPJF dejará el cargo con lesiones institucionales y la incongruencia de despreciar la austeridad.

A cuentagotas, los escándalos de opulencia y excentricidades millonarias comenzaron a golpear la estructura del Partido del Trabajo. Alberto Anaya, el inamovible dirigente partidista, se encuentra en el centro de los escándalos protagonizados por Gerardo Fernández Noroña. Sin embargo, el silencio cómplice lo arrastra entre el discurso falsario de austeridad y la veleidad de ser el partido cuatroté.

En Morena le dieron cobijo político a su grupo compacto, cargo y reflector al diputado Hugo Eric Flores Cervantes, tras fracasar con sus partidos políticos. Y aun así, está incómodo. Su discurso y ambiciones no comulgan con la cuatroté. Su línea de pensamiento de conservadurismo-cristiano y sus nexos con la derecha de EU son componentes riesgosos al interior del partido guinda.

Su reciente declaración de que 70 por ciento del país está gobernado por el narcotráfico, está en sintonía con las declaraciones del gobierno de Donald Trump. Esto se debe a que Flores Cervantes se relacionó con grupos radicales de la derecha norteamericana durante su paso por la universidad de Harvard y su trabajo es mantener ese discurso conservador aunque Morena se declara un partido liberal.

Hace un semestre, la expresión de Donald Trump, respecto a que “desde hace años, pero ahora especialmente, México está dirigido por los carteles”, tensó la relación bilateral. Ahora, Flores Cervantes, desde el interior de Morena, repite en el mismo sentido la declaración, pero sin empacho pone el porcentaje y no se retracta. Alude al pasado reciente y al presente.

Para Ricardo Monreal la cifra fue desproporcionada y “fuera de toda dimensión y el que él afirme que el 70 por ciento del territorio está dominado por el crimen organizado. No sé qué pruebas tenga y no sé si tenga cómo hacer creíble su dicho”.

No es la primera vez que el coordinador de los morenistas en San Lázaro tiene que salir a aplacar las estridencias de Flores Cervantes. Cuando el exdirigente del PES expresó que tiene la intención de fundar un tercer partido, pero desde la base que Morena le facilitó luego del naufragio de sus partidos políticos, muestra que sus intenciones de ser presidente de México no se han borrado de su mente. Desde su época de estudiante de secundaria, decía en serio que quería ser presidente y eso ambiciona.

Sin embargo, ser diputado es nimio para él. Sus aspiraciones son de altos vuelos. Aunque en el camino se enfrente a la realidad de que Morena es el partido que apuesta a tener más de 10 millones de militantes, mientras que el PES, y sus mutaciones, se queda en el tamaño de partido familiar.

La declaración de Flores Cervantes no ayuda a Morena. Al contrario, le da oxígeno al fraseo de la oposición de que el narcotráfico se filtró, en años recientes, a las estructuras de gobierno y a la billetera de personajes políticos. El diputado morenista es un riesgo en las filas del partido.

Incluso, al señalar que “el crimen organizado se ha convertido en una fuerza política que influye directamente en la toma de decisiones públicas y en la elección de autoridades locales, alterando la estructura democrática en varias regiones del territorio mexicano”, deja claro que Flores Cervantes es un troyano contumaz y eso no se quita ni con el tiempo ni con los cargos.

Israel Mendoza Pérez
@imendozape

El optimismo de Jorge Álvarez Máynez, dirigente de emecé, se desencaja. Su dirigencia se enfila al descrédito pleno y la relación de uno de sus integrantes, con el crimen organizado, se confirma con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Teuchitlán.

Astuto en el chapulineo partidista, Gerardo Fernández Noroña alista su ruptura con el perpetuo dirigente del PT, Alberto Anaya. El senador, del escándalo de la casa en Tepoztlán, –de 12 millones de pesos–, tuvo poco respaldo público de la dirigencia del partido durante los días aciagos, las bases petistas lo abuchean y su proyecto rumbo a 2030 se diluye por las tensiones políticas entre el PT y Morena.

La rebelión del Partido del Trabajo está declarada hacia Morena. En el war room del sempiterno dirigente, Alberto Anaya, insisten en aprovechar el impulso electoral obtenido en los comicios del 1 de junio para obligar a los morenistas a negociar a la par; así como quitarle al PT la etiqueta de instituto encargado de recibir políticos de segunda.

Los nombres de dos exfuncionarios calderonistas, Manuel Rodríguez Arregui y Óscar de Buen Richkarday, gravitan de manera peligrosa sobre Caminos y Puentes Federales (Capufe), pero no como reguladores, sino como parte de una red que pretende recuperar el control de un negocio estratégico. El primero, exsubsecretario de Transporte, ahora impulsa inversiones privadas en empresas ligadas al peaje; el segundo, exsubsecretario de Infraestructura, busca consolidar su influencia desde la misma plataforma.

La alianza del PAN con el PRI en 2027 se encuentra sobre un prolongado break. Jorge Romero dirigente nacional del partido blanquiazul, descarta alianzas electorales con el PRI en 2027 y 2030. Su postura toma relevancia, debido a la coincidencia, cuando el partido dirigido por Alejandro Moreno se encuentra en un escándalo mediático tras la zacapela con el senador petista Gerardo Fernández Noroña.

La renovación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezados por Hugo Aguilar, arrastra dos componentes riesgosos para desempeñar el cargo, y se deben evaluar como acciones sensibles entre los nueve integrantes de la Corte. El primero es sacudirse la falta de legitimidad derivada del uso de “acordeones” en la elección del 1 de junio, y evitar la radicalización del modelo de justicia hacia el populismo.