Despidos, empieza el rescate

En diciembre pasado, se otorgaron cien bases sindicales a trabajadores de los poderes del Estado de Puebla.
Fue la primera vez, desde el morenovallismo, que se otorgaron bases a trabajadores que antes eran de confianza, para darles seguridad laboral.
Así fue el primer paso, de las bases que perdió el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, conocido como de Burócratas.
Durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, mil 300 trabajadores de base o sindicalizados fueron despedidos injustificadamente.
Independientemente de los 14 mil despedidos en total en esos tiempos oscuros, que en su momento documentamos.
De este modo, el Sindicato de Burócratas, fue literalmente entregado por la exsecretaria sindical, Virginia Meza.
Ahora, un grupo cerca de 300 tramitó su pensiones y jubilación, así como otro de 600 entabló su demanda por despido injustificado y el resto se quedó en el limbo.
Hasta la fecha al menos 120 fueron reincorporados.
También ahora, el líder sindicar Jhovany Gallo, ha logrado por primera vez, desde entonces, recuperar bases para los trabajadores.
Aunque solo fueron 100 de las 1300 perdidas, se sigue trabajando para recuperarlas, aunque sea poco a poco.
Durante los seis años de mandato de Moreno Valle, miles de trabajadores fueron despedidos del sector público. Según un reporte oficial, al final de 2016, cerca de 15 mil trabajadores fueron removidos de sus puestos de trabajo.
Esta cifra representa aproximadamente el 25% del total de empleados públicos en el estado, lo que generó un gran malestar social y laboral.
El gobierno de Moreno Valle argumentó que estas medidas eran necesarias para mejorar la eficiencia del aparato gubernamental y modernizar las estructuras administrativas, lo cual encajaba con su visión de un "Puebla moderno".
No obstante, se reveló que varios de los despidos no seguían una lógica estrictamente laboral o administrativa, sino que respondían a una forma de “purga” de personal considerado cercano a la administración anterior, o incluso de aquellos que se oponían al régimen de Moreno Valle.
Es necesario que, en el futuro, las autoridades tomen en cuenta que las reformas y políticas públicas deben ser implementadas con una visión integral que respete los derechos laborales, promoviendo la justicia social y el bienestar de los trabajadores.
Los números son claros: una decisión administrativa puede tener consecuencias mucho más profundas cuando no se mide el daño social que puede generar.
En retrospectiva, los despidos durante la administración de Moreno Valle se presentan como un ejemplo claro de cómo una política pública enfocada en la eficiencia puede, sin la debida sensibilidad, afectar la estabilidad social y económica de muchas personas.
Claro, aparte las millonarias indemnizaciones que se han tenido que pagar, con recursos del erario.
Pero eso es otra historia.
Tiempo al tiempo.