Esa cifra se maneja extraoficialmente como el posible móvil por el que ejecutarían a la pareja de esposos Tello.
Pero lo fuerte está en el tema que los tentáculos podrían llegar hasta altas esferas del gobierno de Tlaxcala.
Por eso la respuesta tan beligerante del coordinador de Comunicación del gobierno estatal vecino Antonio Martínez Velázquez, quien actuó más allá de sus facultades y lo hizo como si él mismo fuera el fiscal.
¿Sabrá más o por qué asegura su dicho?
El asesinato del matrimonio Tello no solo dejó una herida profunda en dos familias; también abrió un frente político entre autoridades de Puebla y Tlaxcala.
Mientras la investigación avanza con detenidos y vinculaciones a proceso, el debate público se ha desplazado hacia una disputa de competencias y narrativas que poco aporta al esclarecimiento total del crimen.
Por un lado, la Fiscalía General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, expuso que una de las líneas de investigación apunta a una presunta deuda entre particulares como móvil del homicidio.
Incluso se mencionaron elementos que, por la participación de varias personas, podrían encuadrar en figuras jurídicas relacionadas con delincuencia organizada.
Pero el Gobierno del Estado de Tlaxcala rechazó que Puebla encabece la investigación y descartó que exista una línea vinculada a crimen organizado.
El caso Tello exhibe una tensión frecuente en delitos que cruzan fronteras estatales.
¿Quién investiga?
¿Quién comunica?
Lo que comenzó a circular en versiones extraoficiales es que los tentáculos del caso podrían alcanzar niveles incómodos dentro del poder en Tlaxcala.
Y es ahí donde la historia deja de ser únicamente policiaca para convertirse en un asunto político.
Inevitablemente surgen preguntas.
¿Quién debía a quién?
¿De dónde provendría una cantidad así?
¿Quiénes estaban alrededor de esa operación?
La reacción de Antonio Martínez, llamó la atención.
Fue confrontativa.
Intervino de tal forma que pareció más una autoridad ministerial que un vocero institucional.
En medio de un caso tan sensible, abre más interrogantes de las que cierra.
¿Se trató solo de proteger la competencia jurídica del estado?
¿O de frenar una narrativa que comenzaba a incomodar?
En casos de alto impacto, la prudencia es clave.
El caso Tello no solo exige justicia penal; exige claridad institucional, pero sobre todo una investigación real para esclarecer los hechos.
Pero al parecer al tener el caso las autoridades tlaxcaltecas, dejan muchas dudas.
Tiempo al tiempo.
