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• La administración estatal que preside el gobernador Alejandro Armenta, trabaja para establecer orden y poner fin al modelo de saqueo institucionalizado por gobiernos de la derecha.

Gobierno de Puebla denuncia “amarras financieras” heredadas desde 2013

Felipe Ponce Mecinas

Ciudad de Puebla, Pue. – El Gobierno del Estado de Puebla reveló que poner fin al contrato del sistema de transporte RUTA implicaría un gasto de 22 mil millones de pesos, una cifra que, según el coordinador del Gabinete, José Luis García Parra, permitiría renovar por completo el transporte público de la entidad.

Durante la conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, García Parra explicó que el sistema RUTA opera bajo un título de concesión con 29 años aún vigentes, el cual fue establecido en 2013 bajo gobiernos de derecha, dejando —dijo— una “herencia financiera diseñada para beneficiar a particulares”.

El funcionario sostuvo que el modelo financiero que sostiene a RUTA fue creado para amarrar al gobierno mediante obligaciones que hoy representan una carga económica enorme.

“Terminar este sistema le costaría al estado 22 mil millones de pesos. Con esa cantidad podría renovarse completamente el transporte público tradicional y apoyar a los concesionarios”, subrayó García Parra.

Actualmente, añadió, ya se han pagado más de 4 mil millones de pesos desde su puesta en marcha, pagos que calificó como parte de un “modelo de saqueo”.

Concesión del agua: otro esquema costoso

García Parra también recordó que la concesión del agua otorgada en 2013 implicó retirar al Congreso del Estado su facultad para revisar tarifas, dejándolas en manos privadas. Rescatarla hoy tendría un costo superior a los 7 mil millones de pesos.

Cuestionó además a legisladores de Movimiento Ciudadano por criticar al gobierno estatal, pese a que —afirmó— su partido votó a favor de la privatización del servicio.

El coordinador del Gabinete aseguró que las ganancias irregulares que antes recibían unos cuantos “se irán deteniendo con las acciones del gobierno estatal en los próximos años”.

“Se acabaron las rentas multimillonarias que se iban a bolsillos privados mientras la gente enfrentaba servicios caros y deficientes”, sostuvo.

En Puebla, las carreteras concesionadas a empresas privadas han dejado una estela de descontento, desconfianza y, en el peor de los casos, inseguridad.

Entre los municipios donde serán abiertos están: Acatlán, Amozoc, Chalchicomula de Sesma, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Teziutlán

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