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En sesión ordinaria, la Mesa Directiva dio cuenta de iniciativas para reformar la Constitución, el Código Penal y la Ley de Vivienda

Con el objetivo de contemplar acciones afirmativas en el marco jurídico local, el diputado José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez presentó una iniciativa de reforma al artículo 88 de la Constitución Política del Estado, para establecer que se deberá propiciar la inclusión de personas indígenas en el Poder Judicial. 

La iniciativa presentada en sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, indica que la Ley establecerá las bases, órganos y procedimientos para el ingreso, formación, actualización, permanencia, promoción, adscripción, vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados, así como de los funcionarios del Poder Judicial, observando el principio de paridad de género y propiciando la inclusión de personas indígenas con Licenciatura en Derecho.

La propuesta legislativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas para su estudio y resolución procedente.

Como parte de la sesión ordinaria, también se dio cuenta de la iniciativa del diputado Eduardo Alcántara Montiel, en la cual se establece una reforma al artículo 12 de la Constitución Política del Estado, para indicar que, en cuanto al derecho a la salud, el Estado garantizará su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, por lo cual, deberá garantizar de forma oportuna, permanente y constante, el abastecimiento de medicamentos.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud para su estudio y dictaminación correspondiente.

En tanto, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar los artículos 57 y 72 de la Ley de Vivienda, con el propósito de actualizar la denominación de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla por el de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Asimismo, se dio cuenta de la iniciativa del diputado Oswaldo Jiménez López para reformar las fracciones IV y V y adicionar la fracción VI al artículo 18 de la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla, con la finalidad de considerar dentro de los objetivos del Sistema Estatal de Vivienda, entre otros, promover la coordinación interinstitucional entre las diferentes instancias estatales relacionadas con este rubro.

Las iniciativas de la diputada Azucena Rosas Tapia y del diputado Oswaldo Jiménez López fueron enviadas a la Comisión de Vivienda para su análisis y resolución procedente.

Por otra parte, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa de la diputada Jocelyn Olivares López para reformar el artículo 453 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y derogar los artículos 454, 455, 456, 457 y 458 del mismo ordenamiento legal para quedar de la siguiente forma:

Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil Unidades de Medida y Actualización a la persona que adquiera enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio estatal o de éste hacia fuera o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando procedan o representen el producto de una actividad ilícita.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Durante la sesión ordinaria, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de contar con un marco normativo armonizado con la Ley General y diferir en el marco normativo lo que establece la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación informó 13 fideicomisos no serán extinguibles y no serán entregados a la Tesorería

Lamentó las opiniones de los ministros Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz y Margarita Ríos-Farjat, quienes expresaron su oposición a la propuesta durante un seminario en la FIL de Guadalajara

El mandatario señaló que podría deberse al desacuerdo de ciertos sectores conservadores con la ministra Norma Piña, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal 

Es una buena noticia que tanto las y los diputados de la transformación como el propio Poder Judicial apoyen la iniciativa del Presidente, asegura Mario Delgado

Esta medida impide, por el momento, la transferencia de estos recursos a la Tesorería de la Federación, como lo establece la reforma aprobada por el Congreso de la Unión

El presidente mencionó que los miembros del comité de vigilancia de los fondos destinados a los afectados en Acapulco podrían provenir del propio Poder Judicial

El paro nacional, que comenzó el 19 de octubre, se extenderá en todas las secciones sindicales hasta el próximo domingo 29 de octubre

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) ha decidido extender el paro nacional en protesta por la eliminación de 13 fideicomisos en el Senado hasta el 29 de octubre.

Esta decisión se tomó en una Asamblea Plenaria Extraordinaria Urgente llevada a cabo vía Zoom, en la que los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del STPJF y sus 67 secretarios generales votaron a favor de prolongar el paro nacional.

La medida se fundamenta en la inconformidad de un grupo de trabajadores ante la extinción de los fideicomisos y la posibilidad de una reducción en el Presupuesto del Poder Judicial de la Federación en 2024 por parte del Poder Legislativo.

El paro nacional, que comenzó el 19 de octubre, se extenderá en todas las secciones sindicales hasta el próximo domingo 29 de octubre.

El sindicato aclara que los trabajadores que deseen continuar con sus actividades laborales pueden hacerlo, y se compromete a gestionar el pago regular de salarios y prestaciones, sujeto a la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

Esta extensión del paro se produce en respuesta a la aprobación en el Senado de la extinción de los fideicomisos correspondientes a más de 15 mil millones de pesos, lo que ha generado un clima de protesta y descontento entre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, la ambigüedad en el comunicado del sindicato ha generado confusión entre los trabajadores, algunos de los cuales han continuado con sus labores normales mientras que otros participan en asambleas para determinar un plan de acción con respecto a la suspensión de labores.

Cada sede del Poder Judicial de la Federación será responsable de decidir si continúa el paro de labores o retorna a sus actividades diarias.

La aprobación en el Senado de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial se llevó a cabo después de un debate que se extendió durante el martes 24 y parte del miércoles 25 de octubre. La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que elimina los fideicomisos fue aprobada tanto de manera general como particular, con una mayoría de votos a favor en ambas instancias.

Los diversos Grupos Parlamentarios fijan postura a favor y en contra del dictamen

Con 68 votos a favor y 48 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, la propuesta por la que se eliminan 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El proyecto reforma el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer que, en dicho Poder, no podrán ser creados ni mantenerse en operación fondos o fideicomisos adicionales al fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia.

Durante los posicionamientos de los Grupos Parlamentarios, el senador César Cravioto Romero, de Morena, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha limitado las pensiones de todos los trabajadores de México, mientras que a sus empleados les otorga todo tipo de apoyos, lo cual representa un agravio. Además, denunció que los fideicomisos se usan para generar intereses, no para atender a las y los trabajadores.

Por Acción Nacional, el senador Julen Rementería del Puerto aseveró que esta reforma es un agravio y una afrenta contra las y los trabajadores de México, particularmente a los del PJF. En ese sentido, sostuvo que no existe razón legal para erradicar los fideicomisos, ni señalamientos por una mala administración de sus recursos.

En tanto, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, indicó que se debe realizar una reforma profunda al Poder Judicial a través del diálogo y no de la imposición. Además, dijo que deben mejorar todas las condiciones laborales de las y los trabajadores del Estado, en lugar de erradicar los derechos del personal del PJF.

El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, afirmó que la eliminación de los fideicomisos afectará los derechos laborales de más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial y castigará su autonomía e independencia. También denunció que esta reforma “vulnera el derecho de la justicia que tienen las y los mexicanos”.

Rogelio Israel Zamora Guzmán, de PVEM, argumentó que este proyecto ayudará a defender los derechos de las y los trabajadores del PJF, ya que se sacarán los instrumentos ilegales y esos recursos se pasarán a la nómina presupuestal establecida por los ordenamientos legales.

Joel Padilla Peña, del PT, destacó que con esta reforma se ahorrarán más de 15 mil millones de pesos, que serán destinados a los programas prioritarios para el bienestar, con especial atención a la población más vulnerable del país. También afirmó que “no afectarán el salario y las prestaciones de las y los trabajadores del Poder Judicial”.

La senadora Eunice Renata Romo Molina, del PES, enfatizó que los 13 fideicomisos que no tienen sustento legal duplican funciones del etiquetado del presupuesto y “deben extinguirse por congruencia”. Somos congruentes y defendemos los derechos de la clase trabajadora, pero no vamos a acompañar los privilegios de unos cuantos sobre la mayoría, asentó. 

Del PRD, el senador Juan Manuel Fócil Pérez afirmó que la eliminación de los fideicomisos del PJF es una venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la SCJN, el cual tiene como daño colateral a las y los trabajadores de este Poder; no se trata de acabar con privilegios, sino de un asunto político, denunció.

Emilio Álvarez Icaza Longoria, senador del Grupo Plural, dijo que lo que está en juego es la autonomía del Poder Judicial, ya que el objetivo de la mayoría legislativa es lucrar electoralmente con esta reforma. Además, acusó que el Poder Ejecutivo tiene fideicomisos a los que le destina recursos de forma opaca para obras públicas.

Durante la discusión en lo general del proyecto participaron las y los senadores Olga Sánchez Cordero, Casimiro Méndez Ortiz, Antares Vázquez Alatorre, Navor Alberto Rojas Mancera y Raúl Paz Alonzo, de Morena; Josefina Vázquez Mota, del PAN; Beatriz Paredes Rangel, del PRI; Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT; Antonio García Conejo, del PRD; y Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural.

Tras la aprobación del proyecto en lo general, la Asamblea dio paso a la discusión de las reservas que presentaron legisladores de diferentes Grupos Parlamentarios.

La SCJN emitió un comunicado en el que informa que la ministra accedió dialogar y expresó su deseo de que estén presentes todos los órganos del Senado, garantizando así la pluralidad en el debate