El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que se encuentra preocupado por el trabajo del Poder Judicial del Estado, luego de que un juez decidió reclasificar el delito de violación por estupro en contra de Ramón N., el hombre que violó a su hijastra, tuvo un hijo con ella y luego se la llevó junto con su hermana, para cometer violencia vicaria en contra de la mamá.
“Estamos muy preocupados; que la actuación de los jueces esté ajustada solamente a la ley, es lo que queremos nosotros. Es parte de lo que tiene que hacer un gobernante, vigilar que haya condiciones para que haya una justicia adecuada en la sociedad donde vivimos”.
La mañana de este lunes, Barbosa Huerta recibió a Miriam N., mamá de las niñas que fueron sacadas de su hogar por Ramón N., para conocer detalles del caso y ofrecerle su apoyo.
“Me dirijo al Poder Judicial, a su Consejo de la Judicatura, a que asuma la investigación de este caso y que asuma la investigación de muchos casos, llamo a eso, por el bien de nuestra sociedad (…) Vamos nosotros a estar pendientes de este relato, ya hay denuncias, pero vamos a estar pendiente, por eso le brindaremos a Miriam todo el apoyo legal e institucional”.
Desechó la versión ofrecida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, quien dio razones de por qué el juez cambió de violación a estupro las acusaciones contra Ramón N.
“Dan por hecho que son relaciones consentidas entre una niña y un hombre de más de 40 años, con toda la autoridad, sometimiento que puede ejercerse desde una posición de supuesto padre”.
El calvario
Miriam N. narró que, durante la búsqueda de ayuda para recuperar a sus hijas, fue víctima de violación por Mario O., abogado de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) de Puebla, en el municipio de Huauchinango.
El ataque ocurrió en un despacho privado, donde el sujeto la drogó con una bebida, explicó.
Además, reveló que, en marzo, cuando sus hijas fueron sacadas de su casa, Gloria Báez, Hilda Mariana Bonilla y Hugo Israel Pineda, funcionarios de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres de la FGE, se negaron a levantar su denuncia.
Sumado a lo anterior, se negaron a emitir una Alerta Amber, porque las menores estaban con su papá.
También acusó al juez Celestino Martínez Bones, hermano de Ramón N., de haber ayudado a que el acusado hoy siga su proceso en libertad, luego de ser acusado solamente de estupro.
Resaltó que teme por su vida, ya que recibió amenazas directas por parte de su expareja.
Actualmente, las tres menores están bajo resguardo del Sistema Estatal DIF.
