El objetivo es que formalmente no se cobre el arrastre, salvamento o depósito, cuando el vehículo haya sido recuperado por las autoridades, siempre y cuando haya sido denunciado el robo.
Al hacer uso de la tribuna, el diputado explicó que esta reforma es necesaria porque el cobro por el arrastre, salvamento y depósito para las víctimas de robo es injusto. Comentó que este cobro además revictimiza a quienes no han cometido ninguna falta, sino han sido víctimas de un delito.
Añadió que en algunos casos, el costo de los servicios de grúas y corralón rebasa el precio de la unidad.
Para hacer efectiva la exención, la persona interesada deberá presentar una copia de la denuncia de robo presentada con anterioridad a la fecha de recuperación.
Además, deberá presentar un oficio de orden de liberación emitido por la autoridad competente.
Las autoridades estatales y municipales, así como los concesionarios y permisionarios de servicios auxiliares y depósitos vehiculares, deberán acatar esta orden, así como difundirla en sus portales oficiales y en lugares visibles dentro de los depósitos vehiculares autorizados.
“El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo será sancionado conforme a la legislación administrativa aplicable y demás ordenamientos en la materia”, propuso el diputado.
Además, planteó que la Secretaría de Movilidad y Transporte establecerá los mecanismos coordinados con las autoridades competentes para aplicar esta exención.
En la iniciativa del diputado, señalan que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), entre junio de 2024 y junio de 2025 se robaron 60 mil 625 vehículos en México, de los cuales sólo el 42% fueron recuperados.
Además, en ese mismo periodo, Puebla ocupó el cuarto lugar nacional con 4 mil 367 vehículos asegurados robados.
Además, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024) del INEGI estima que el costo total de la inseguridad para los hogares poblanos ascendió a 17.5 mil millones de pesos.
