Desde hace semanas está en marcha la recomposición política del régimen, que entraña una profunda redistribución del poder en la Cuarta Transformación (4T), en sus bancadas del Congreso de la Unión y en la dirigencia nacional del partido Morena.

Al cumplir exactamente 220 días de su administración, el lunes 21 de julio, el gobernador Alejandro Armenta lanzó, para quien tuvo capacidad de entender y de analizar, claves de lo que es, ha sido y será su gobierno, en cuanto a metas, acciones y obras.

La derecha y sus voceros; los beneficiarios de aviesos intereses de grupos fácticos y hasta los solitarios tuiteros que pretenden, con baratas extorsiones, conseguir contratos de publicidad gubernamental, se sincronizan para atacar a las administraciones federal y estatal, pero no consiguen realmente nada, ni inciden en el ánimo social.

Entre los delitos que cometió el morenovallismo, con absoluta impunidad, consentimiento y colusión de las entonces autoridades federales, a pesar de que resultaron muy directamente afectadas, está el espionaje que se perpetró desde Puebla, entre 2011 y 2018, que ha sido abundantemente documentado y reconocido ya por el Estado Mexicano.

Cuando Alejandro Armenta subraya que su gobierno “camina de la mano” de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no lo hace como eslogan diseñado por su equipo o como lisonja, sino que hay realmente una coordinación y una sintonía, medible en fechas y hechos. Eso hasta la oposición lo reconoce, en corto, casi susurrando, pero con certeza, y lo ven propios y extraños como una extraordinaria noticia para el estado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que es necesario que los Congresos estatales legislen sobre los delitos digitales. En ese sentido, coincidió con el proceso que desarrolló el Congreso del Estado de Puebla con la modificación del Código Penal de la entidad.

En abril de 2019, el músico mexicano Armando Vega Gil, muy conocido por haber sido integrante del grupo Botellita de Jerez, decidió suicidarse. Fue acusado reiteradamente y con mucha beligerancia en redes sociales de haber acosado a una menor, años atrás. Ni antes ni después de su muerte hubo acusaciones reales y/o judiciales al respecto y ni siquiera un dato de que eso haya ocurrido. Hay otros casos, incluso de infantes, que han tomado una decisión así de grave, por sufrir ciberasedio.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, ha pretendido recuperar la autoridad que no tiene ante los estadounidenses, quienes lo califican con una pésima y baja popularidad. Desesperadamente, quiere una fuerza de la que carece –casi desde el principio de su administración– en el círculo rojo político y económico de su país. Principalmente, pretende distraer la atención que la opinión pública mundial mantiene sobre su enfrentamiento contra su exconsejero, el magnate Elon Reeve Musk, mediante las redadas agresivas contra indocumentados, que han sido condenadas y calificadas como “crueles” por las propias autoridades de su país.

En los últimos años se ha popularizado y se ha hecho indispensable el uso del término “sicario digital”, para señalar a personajes, todos abyectos, en todos los casos con intenciones aviesas y –en la mayoría de las ocasiones–, disfrazados o anónimos. En la web es muy sencillo encontrar muchas definiciones, pero una que es contundente es aquella que describe al “sicario digital” como esa persona que en las redes sociales tiene “la finalidad de dañar, violentar, despolitizar o tergiversar la imagen pública o política de las personas”, aunque también atacan a personas del ámbito privado.

La derecha nunca terminó por entenderlo. No se trataba de si era una elección con logística muy compleja. Tampoco, únicamente, de que se ataje ahora la corrupción de los juzgadores y se anule la exclusividad que tenían los ricos del acceso a la justicia. No solamente.