En un mensaje vía X, en mayo de 2025, el exfuncionario lanzó: "En próximos días daré mi versión del rancho Izaguirre, de la atrocidad que ahí encontré, tengo fe pública y el expediente que me quitaron y se lo dieron 6 VG este foliado, así que no le pueden arrancar hojas".
La ombudsman olvidó ese detalle que el tema se encuentra entrampado y amenazado por Raúl Ramírez. Lo que exhibe que la CNDH tiene un trabajo incompleto en el tema, ya que en todo caso quien debería dar a más detalles es el excalderonista, José Raúl Montero de Alba, coordinador de la oficina regional en Guadalajara Jalisco. Aunque tampoco cuenta con apoyo de activistas y buscadores, ya que fueron maltratados por la CNDH.
Según Rosario Piedra, “la CNDH amplió su cobertura territorial con la apertura de una nueva oficina regional en Jalisco, en un contexto marcado por hechos profundamente dolorosos como los ocurridos en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, cuyo expediente estamos integrando para emitir en breve una recomendación”.
Aunque los ecos del rancho Izaguirre rebotan en la comisión. En su momento, Raúl Servín, activista del colectivo Guerreros buscadores de Jalisco, acusó el retiro de protección a sus integrantes, ordenado por Francisco Estrada, secretario Ejecutivo de la CNDH. Ahí comienza una fractura con los activistas y la información con la que ellos cuentan no la tiene la comisión.
El caso del narcorancho fue una bandera que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, abrazó el 8 de abril, y en un conversatorio con los buscadores, “reiteró el compromiso de este organismo nacional para acompañar los esfuerzos realizados por el colectivo 'Guerreros Buscadores de Jalisco'”.
Tres meses después, Estrada Correa hizo el trabajo con sus modos y sus formas y dio la orden de quitarles la protección conseguida a raíz del descubrimiento del campo de horror.
La CNDH se encuentra en una situación de debilidad frente a los colectivos. Lo que se busca es que sean afines al proyecto político del régimen, de lo contrario se toman medidas de desatención. El caso Teuchitlán tiene dos frentes, el que se abrió a través de Raúl Ramírez y su verdad, y el de los buscadores sin seguridad ni el apoyo a la versión de la CNDH.
José Raúl Montero de Alba con sus antecedentes, de trabajo, en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón ofrece una visión sesgada y política para alinear un caso a la narrativa de la cuatroté, no a la técnica requerida para un caso que tiene componentes complejos para emitir una recomendación sólida.
@imendozape
