Entre las voces que se oponen a la reforma aplicada al artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla, destacó la queja —y con razón de sobra— sobre la legislación exprés y por no haber discutido antes en foros la propuesta legislativa, presentada por José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del gobernador Alejandro Armenta, sino hasta después de publicada en el Periódico Oficial del Estado.

La legislación en debate señala que el ciberasedio ocurre cuando una misma conducta se realiza “con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional” a la víctima. Esto no está, de ninguna manera, dentro del marco de la libertad de expresión, y mucho menos del periodismo.

Como profesional de los medios de comunicación e información, externo mi rechazo a cualquier legislación que intente coartar el derecho a la libertad de expresión; sin embargo, esa libertad no incluye la de causar, de manera intencionada, daño a la integridad física o emocional de nadie. Mucho menos, la de utilizar a los medios para extorsionar a políticos o empresarios.

Lo que llama la atención de quienes subieron a rechazar la Ley del Ciberacoso o Ciberasedio es la defensa de mantener un espacio libre para agredir a alguien: llámese expareja, el vecino incómodo, la fresa del salón, el maestro de la escuela, la vendedora del Oxxo, el compañero del trabajo, etc., ya ni decir a los funcionarios públicos —pero para ellos está de más. Tal parece que, a lo que se oponen realmente, es a perder un espacio desde el cual esconderse para despotricar contra cualquiera.

La nueva legislación protege incluso a periodistas que han sido señalados, tachados y ridiculizados públicamente. Ahora podrán demandar y exigir cárcel para su o sus agresores o agresoras.

Viene al caso mencionar ejemplos de compañeros reporteros que han sido atacados desde cuentas falsas y bots, les han puesto apodos y hasta han sido comparados con personajes ridículos de la televisión para causar menoscabo a su trabajo periodístico o intentar que pierdan credibilidad, por el simple hecho de estar en contra de un alcalde o una alcaldesa. Dos o tres de esos funcionarios públicos que han orquestado las campañas en el pasado, ya estarían en la cárcel.

La Ley de Ciberacoso es, por ello, un arma de doble filo. Quien agreda es quien saldría perdiendo, y ese es el espíritu de cualquiera de las leyes: garantizar el Estado de derecho y el libre desarrollo personal de cualquiera, en cualquier lugar.

La legislación contra el ciberasedio es, desde luego, lo que debe ser: una regla a respetar en una nueva sociedad que reclama seguridad en las redes y libertad para su pleno desarrollo. De lo contrario, se estaría dejando abierta la puerta para que cualquiera, en cualquier situación, se erija como el “bulleador” del pueblo, con derecho a agredir a todos y sin que nadie pueda impedirlo.

Cuenta de X: @mecinas
Premio estatal de periodismo 2014 y 2015
Director de Quinceminutos MX