Un caso de estudio para politólogos y áreas afines, fueron las elecciones de 2024 en el estado de Puebla, el reflejo de un fenómeno nacional. Recordemos algunos casos:
Juan Lira Maldonado, “El Moco”, presunto líder huachicolero, fue postulado por Fuerza Por México para presidente municipal de Chignauapan y ganó inicialmente la elección mediante compra de votos, hasta que el proceso tuvo que repetirse.
Alfredo Ramírez Hernández en Ahuazotepec y Gerardo Cortés Caballero en Cuautempan, ambos de Morena, están prófugos por presuntos vínculos criminales —Alguien les habría dado el pitazo antes de que las fuerzas federales llegaran a sus ranchos—.
Los hermanos Uruviel, Giovanny y Ramiro González Vieyra, llegaron como presidentes municipales de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán), Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, abanderados por Movimiento Ciudadano, hoy enfrentan procesos por actividades relacionadas con grupos delictivos.
Y el caso más reciente: Eduardo Velázquez Medina, alcalde de Atzitzintla y señalado mediante una manta de La Barredora, por presuntos nexos con bandas dedicadas al robo de mercancías. El rumor es tal que los policías municipales decidieron renunciar al cargo y el Gobierno del Estado, asumir la seguridad de la demarcación.
¿Cómo es posible que perfiles así hayan llegado a contender? Porque para muchos partidos, lo fundamental no es la calidad moral del candidato, sino lo que puede pagar por la candidatura y de ahí en adelante, el porcentaje de votación que puede atraer en las urnas. Todo sea por ese mínimo del 3% del padrón electoral que garantiza vida, dinero público y permanencia. Ese 3% se ha convertido en el atajo perfecto para estructuras políticas sin proyecto real, sin cuadros, sin liderazgo y sin rumbo. Un porcentaje que, lejos de consolidar pluralidad, ha terminado por deformar la competencia electoral.
Los partidos alegan desconocimiento. Dicen no saber quiénes son realmente sus candidatos, como si los antecedentes delictivos se ocultaran bajo tierra. Pero la realidad es otra: saben perfectamente a quién postulan, porque esas personas representan votos asegurados mediante control comunitario, poder económico o redes de complicidad.
El problema no es solo ético, es estructural. Cuando un partido registra a un personaje señalado por actividades delictivas, envía un mensaje devastador: que la política es un negocio y que el crimen, si es rentable electoralmente, puede convertirse en socio.
Además, pone en riesgo a los ciudadanos. Los gobiernos municipales que terminan capturados por intereses criminales no solo fallan en seguridad: abren la puerta a extorsiones, control territorial, miedo y descomposición social. Lo que pasó en Atzitzintla —donde grupos delictivos se disputan el control territorial— es un recordatorio de lo que ocurre cuando la política cede al crimen.
El tema no es menor, desde las elecciones de 2024, hubo candidatos advirtieron de las ofertas de grupos delictivos del estado de Veracruz para financiar campañas a cambio de que los dejaran operar libremente una vez que los alcaldes llegaran al poder.
Y no se trata de un partido u otro. La lista es tan amplia como diversa: Morena, MC, PRD, Fuerza Por México, partidos locales… todos han caído en la tentación del 3%. El hambre de votos ha sustituido los principios, y el pragmatismo electoral ha borrado cualquier plataforma ideológica.
Por eso el llamado del gobernador Alejandro Armenta —"no alienten delincuentes"— debería ser escuchado con seriedad. Pero también debe ir acompañado de mecanismos estrictos de selección de candidatos, transparencia total en los procesos internos, filtros de inteligencia y responsabilidades claras a los dirigentes que avalan estas postulaciones.
La política no puede seguir funcionando con la lógica de “si gana, qué bueno; si después lo arrestan, ya será problema del nuevo gobierno”.
Esa irresponsabilidad ha permitido que criminales se sienten en los cabildos, que dirijan policías municipales y que administren recursos públicos.
Si los partidos quieren recuperar algo de credibilidad —y de paso proteger la democracia— deberán renunciar a ese 3% fácil y comenzar a apostarle al 97% de ciudadanos que quieren representantes honestos, capaces y comprometidos con la ley. De lo contrario, seguirán siendo fábricas de candidatos tóxicos… y cómplices de la degradación política del país.
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