Pero en lugar de celebrarse, se fueron con todo contra ella.
Incluso la diputada Nayeli Salvatori.
Una reacción rápida, mediática y equivocada.
El desenlace abrió una puerta peligrosa, la tentación de castigar.
Independientemente si fue una mentira su desaparición de la joven, siempre hay algo más a fondo que debe investigarse.
Lo cierto es que no puede generalizarse, ya que podría traer una serie de problemas en un país donde las desapariciones son el pan de todos los días.
Convertir la sospecha en castigo es brincar peligrosamente del Estado de derecho al linchamiento institucional.
Se manda un mensaje alarmante: Piénsalo dos veces antes de denunciar una desaparición.
Reducir todo a “mintió o no mintió” es una simplificación peligrosa que ignora la realidad social.
Para que quede claro, si una persona desaparece voluntariamente o sale huyendo por sufrir violencia familiar y no quiere que nadie la encuentre, pero las autoridades la localizan, entonces la podrían sancionar a pesar de las causas.
O una familia va a temer denunciar la desaparición de su pariente por no saber exacta o realmente si se fue voluntariamente o no.
Para eso está la autoridad, para investigar; cada caso se debe revolver independientemente de la causa.
Y surgen las preguntas
¿Quién va a decidir cuándo una desaparición es “real” y cuándo es “inventada”?
¿La Fiscalía, que muchas veces llega tarde?
¿La opinión pública, que hoy condena y mañana olvida?
¿O el político en turno que necesita likes y reflectores?
Las desapariciones no siempre son claras, lineales ni comprensibles.
Hay mucho de fondo.
Hay casos de desapariciones voluntarias por miedo, violencia, coerción, confusión emocional o entornos familiares complejos.
Si hoy se abre la puerta para castigar a quien denuncia una desaparición y luego “no encaja” en el expediente oficial, mañana habrá madres, padres, parejas o amistades que optarán por callar, por miedo a ser acusados de exagerar, mentir o “hacer perder el tiempo y recursos”.
Y eso, en un país con más de cien mil personas desaparecidas es sumamente peligroso.
El caso de Lydia debe servir para discutir protocolos, comunicación institucional, responsabilidad mediática y manejo de información, no para criminalizar la denuncia.
El problema no es que la gente alce la voz, sino que muchas veces nadie escucha hasta que el tema explota en una manifestación,
Al menos cinco casos de desapariciones voluntarias como el de Lydia se han registrado desde 2019.
Pero en el mismo lapso cientos más reales se han contabilizado.
En Puebla no necesitamos leyes que intimiden.
Mañana, cuando alguien desaparezca de verdad, el silencio puede ser el efecto más grave de esta ocurrencia.
¿Y quién tendrá la culpa?
Tiempo al tiempo.
