María Cristina Irina García-Cepeda García, exsecretaria de Cultura en el sexenio anterior, quedó inhabilitada por 10 años de la administración pública y con una multa de 20 millones pesos, luego de comprobar que autorizó la entrega de 59 millones de pesos en donativos a una asociación civil para el proyecto Museo de Museos que nunca se concretó, resolvió este lunes la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Según un comunicado oficial de la dependencia, también sanciona al ex oficial mayor y a la ex directora general de administración de la dependencia, por autorizar de manera irregular donativos por 59 millones de pesos para el proyecto “Museo de museos”, que no se concretó.
“La entrega de estos donativos, uno por 50 millones de pesos, en marzo de 2017, y otro por 9 millones 313 mil 461 pesos, en julio de 2018, sin considerar las normas aplicables, causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables”, señaló la SFPO en un comunicado.
De acuerdo con la Función Pública, el procedimiento sancionatorio inició luego de que, en una reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en noviembre de 2018, se percataron de posibles irregularidades en el otorgamiento de las partidas.
La SFP informó que los funcionarios entregaron los recursos para el proyecto sin contar con la autorización previa del INAH para desarrollar trabajos en el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado.
“Estamos acabando con la impunidad en el indolente manejo de los recursos públicos durante el régimen neoliberal”, declaró Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la dependencia federal.
García Cepeda es la segunda secretaria de Estado de la pasada administración de Enrique Peña Nieto en ser sancionada por la actual Secretaria de la Función Pública, ya que Rosario Robles, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), fue inhabilitada en septiembre de 2019, por un periodo de 10 años, por falta de veracidad en su declaración patrimonial.
