La investigación se remonta a los años en que Jesús Murillo Karam encabezó la PGR (2012–2015), bajo el gobierno priista de Peña Nieto. Según documentos oficiales citados por El País, la mansión ubicada en Avenida Explanada 1230 fue utilizada para instalar equipo de espionaje que habría sido adquirido irregularmente a través de una empresa offshore con sede en Gibraltar, Duritz Holdings Limited.
Uno de los implicados, Humberto Antimo Rivera, exdirector general de Seguridad Institucional de la PGR, declaró que los equipos sí fueron entregados e instalados, pero no dentro de instalaciones oficiales, sino precisamente en ese domicilio asegurado. Con esta declaración, buscaba justificar el uso de los 250 millones de pesos destinados al contrato, actualmente investigado como parte de un presunto esquema de peculado, fraude y asociación delictuosa.
El caso pone en evidencia cómo el espionaje político resurgió con el uso del malware Pegasus, comprado bajo la premisa de combatir al crimen organizado, pero utilizado para vigilar a activistas, periodistas y opositores.
A esa lista se suma ahora el presunto centro de operaciones montado en la mansión de Salinas, cuyos detalles permanecen bajo investigación. Los fiscales señalan que entre 2013 y 2015, el inmueble estuvo bajo el resguardo de la Oficialía Mayor de la PGR, entonces encabezada por Aracely Gómez Molano, cercana colaboradora de Murillo. Fue precisamente durante ese periodo cuando se habría activado el sistema de vigilancia clandestino.
